Los falsos tecnólogos desprecian la Ley. Una lanza por los (siempre buenos) hackers.

Es impresentable que los operadores de telecomunicaciones cobren precios de los años 70 por las llamadas internacionales (debidamenta actualizados) cuando lo cierto es que la tecnología que utilizan para realizar las llamadas son radicalmente más baratas (podríamos decir que incluso ridículas, pues se envían encapsuladas IP); es impresentable que paguemos por una conexión plana a internet en los móviles pero no nos permitan hacer uso de esa conexión para los propósitos que nos de la gana (como hacer llamadas IP, por ejemplo, con lo que evitamos la facturación internacional); es impresentable que no nos permitan en esa misma conexión conectar el portátil al móvil, para usar así la conexión que ya pagamos de móvil, con la única finalidad de obligarnos a contratar separadamente un módem. En defintiva, se usa el Derecho para imponer usos irracionales de la tecnología, que se pone a servicio de que unos pocos poderosos facturen cada vez más, y no que todos disfrutemos cada vez de más y mejores servicios.

La ilusión que despertó en aquel grupo (hoy llamados hackers o ciberpunks) las posibilidades de mejoras sociales que la tecnología brindaba se ha tornado, como tantas veces en la historia, en un servilismo de los intereses económicos.

Pero con mucho lo que más repulsa del uso del Derecho es que se utilice el Derecho penal para criminalizar técnicas, cuando las técnicas no son por sí criminales, son técnicas, conocimiento, que se puede poner al servicio del mal o del bien. Tal como es el modelo sólo se permite que la técnica se ponga al servicio de los poderosos. El Derecho castiga el uso social de la tecnologías. Ese es el modelo que estamos construyendo, desde el aborregamiento social que en este punto se impone: Y es que el oscurantismo y atontamiento que se está produciendo bajo la apariencia de sencillez, de facilitar, sólo pretende ocultar al usuario las posibilidades de la técnica, impedirle hacer lo que no se quiere que haga (llamadas baratas en el ejemplo que ponía, o que su ordenador haga lo que él quiere).

Todo ello plantea un grave problema para las sociedades modernas, en las que la tecnología controla tantos aspectos decisivos de la vida de las personas y, por su carácter técnico, se priva indebidamente del proceso de decisiones democrático (los DRM o el canon son sólo dos ejemplos de ello).

Espero ir desgranando estas cuestiones en próximas publicaciones, y explicar porqué creo que, especialmente los juristas, tenemos la obligación de conocer cómo Derecho y tecnología interactúan, como lo han venido haciendo en todas las sociedades ciencia y Derecho. Lo que ese matrimonio choca con los logros democráticos alcanzados por nuestras sociedades. ¿Supone ello un paso atrás? A mi juicio la respuesta, sin ser necesariamente afirmativa, es cuanto menos muy preocupante.

Actualización del 09/08/2008: Un ejemplo de programas que se "saltan" las limitaciones paralegales (las defino así porque limitan el uso de la tecnología con cláusulas contractuales de dudosa legalidad) de los operadores es Guava, de Gizmo. Con él instalado en tu móvil puedes recibir y enviar llamadas usando una wifi (es decir, puedes recibir o generar llamadas en, por poner por caso, Japón, sin pagar nada por el tramo internacional). Pero incluso Guava vulneraba el juego limpio, y utilizaba el código de un programa distribuido bajo licencia GPL (sipdroid)sin decirlo, y sin publicar el código fuente modificado. Tras las quejas de los desarrolladores han corregido ese problema y, desde el pasado 23 de julio, publican el código de su aplicación y anuncian que se distribuye bajo licencia GPL. Ciertamente, algo suena raro. Estaré atento para contar este asunto con más detalle.