Artículo 11.- Estudios y actuaciones previas.

1. Las Administraciones Públicas competentes para formular cualquier instrumento de ordenación de los recursos naturales, territorial o urbanística, podrán elaborar estudios previos, con objeto de recabar una mayor información que facilite la toma de decisiones para la posterior formulación del instrumento.

2. Los estudios previos podrán remitirse a las distintas Administraciones Públicas que, por razón de la materia o del territorio, hayan de participar en posteriores fases de la tramitación, al efecto de que conozcan sus resultados e incorporen, si lo estiman oportuno, estudios particulares, proyectos o propuestas previas. Asimismo podrán someterse a la consideración de organizaciones profesionales y colectivos sociales que, por razón de la materia, estén en disposición de elaborar informes, realizar aportaciones o transmitir información relativa al contenido del instrumento.

3. Asimismo podrá solicitarse la colaboración ciudadana mediante el correspondiente anuncio público, estableciendo un período para recibir sugerencias, propuestas y observaciones sobre los aspectos que deberían recogerse en el instrumento a elaborar, principales problemas a resolver y criterios para abordarlos.

4. De la misma manera, las Administraciones públicas, o los particulares interesados en la formulación de un instrumento de ordenación de iniciativa privada, podrán solicitar a los distintos organismos públicos, información, criterios y demás consideraciones de legalidad y oportunidad que debería contener el instrumento que se pretende tramitar con respecto a la materia de su competencia.

Artículo 12.- Inicio del procedimiento.

1. Los procedimientos de formulación, revisión o modificación de los instrumentos de ordenación de los recursos naturales, territorial o urbanística podrán iniciarse de oficio o, cuando esté legalmente previsto, a instancia de parte. La instancia de parte, cuando proceda, o el acuerdo de inicio, cuando se actúe de oficio, será el primer documento del expediente administrativo a que dé lugar el procedimiento.

2. El acuerdo de inicio del procedimiento determinará, como mínimo, el cronograma de plazos, así como el Departamento o Servicio al que se encomienda la instrucción e impulso del correspondiente expediente administrativo. Los plazos de caducidad se computarán a partir de la fecha del acuerdo de inicio. Los plazos para la aplicación del silencio administrativo, cuando proceda, se computarán a partir de la solicitud o instancia de parte, sin perjuicio de las excepciones contempladas en este Reglamento.

3. A partir del inicio podrá acordarse, de estimarse oportuno para el buen fin de la ordenación prevista, la suspensión cautelar del otorgamiento de licencias, y de la tramitación del planeamiento de desarrollo, o de aquellos instrumentos que resulten o deban resultar jerárquicamente dependientes del que se pretenda formular, revisar o modificar, y de los instrumentos de ejecución material y jurídica del planeamiento vigente, conforme se establece en la Sección 2ª de este Capítulo.

Artículo 13.- Deber de colaboración.

1. Acordada la iniciación del procedimiento, las Administraciones públicas, las entidades de Derecho público, los concesionarios de servicios públicos y, en general, los ciudadanos que pudieran ofrecerla, están obligados a facilitar la información necesaria, incluso documental, para la elaboración del correspondiente instrumento de ordenación.

2. Realizada por la Administración actuante la petición expresa de información, se dispondrá de un plazo mínimo de veinte días para prestar la colaboración requerida.

3. Para la elaboración de los instrumentos de ordenación, la Administración Pública podrá efectuar inspecciones y, excepcionalmente, ocupaciones temporales de fincas conforme a la legislación sobre expropiación forzosa.

Artículo 14.- Comisión de Seguimiento.

1. La Administración que promueva la formulación de un instrumento de ordenación deberá invitar a las otras Administraciones territoriales o con competencias materiales afectadas, a participar en una Comisión de Seguimiento. Ésta tendrá el carácter de órgano voluntario interadministrativo de cooperación de carácter temporal, con objeto de coordinar previamente la propuesta que se incorpore al Avance, o en su caso, a la aprobación inicial, y de propiciar durante su transcurso el seguimiento conjunto de la tramitación.

2. En el marco de la Comisión de Seguimiento, las entidades participantes podrán establecer acuerdos previos donde se definan los parámetros básicos de la ordenación, y particularmente, en el caso de los Planes Generales de Ordenación, relativos al modelo territorial municipal acorde con su contexto insular y con las previsiones sectoriales. Dichos acuerdos se trasladarán a las correspondientes actas.

3. Las Comisiones de Seguimiento deberán establecer el cronograma de la tramitación, sus diversas fases y los plazos en que deberá cubrirse cada una de ellas, adoptando las medidas adecuadas para su cumplimiento efectivo, así como los medios para remover los obstáculos que supongan dilaciones innecesarias.

4. Estas Comisiones se regirán en su funcionamiento por lo establecido en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para los órganos colegiados, en cuanto pueda serles de aplicación, salvo en lo referente al sistema de adopción de acuerdos que, por tratarse de un órgano de coordinación interadministrativa se adoptarán preferentemente por unanimidad, dejando constancia de las discrepancias cuando tal acuerdo no pueda alcanzarse, todo ello sin perjuicio de las normas de funcionamiento interno que la propia Comisión decida darse. Las actas que se elaboren de cada reunión de la Comisión de Seguimiento se incorporarán, debidamente foliadas e indexadas, como documento anexo al expediente administrativo.

Artículo 15.- Suspensión facultativa de licencias.

1. Desde la adopción del acuerdo o resolución a que se refiere el artículo 12 de este Reglamento, la Administración actuante podrá acordar, para toda el área de ordenación o para áreas territoriales concretas, la suspensión del otorgamiento de licencias para parcelación de terrenos, obras de edificación y demolición, o para usos determinados.

2. A estos efectos no se entienden incluidas en el apartado anterior las obras de mera conservación y las de reforma o rehabilitación que no supongan restitución de lo construido, aumento de volumen, ni, tratándose de establecimientos alojativos turísticos, aumento del número de plazas alojativas. Se exceptúan, en todo caso, las obras justificadas por motivos urgentes de seguridad.

3. El acuerdo de suspensión de los procesos de otorgamiento de licencias a que se refiere este artículo deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Expresar el instrumento de ordenación cuya prevista formulación, revisión o modificación da lugar a la medida de suspensión adoptada.

b) Determinar el plazo de la suspensión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de este Reglamento.

c) Determinar las áreas expresamente delimitadas, o usos concretos, y el tipo de actuaciones a las que afecte la medida de suspensión.

d) Recursos que proceden contra la suspensión.

4. El acuerdo de suspensión del otorgamiento de licencias se publicará en el Boletín Oficial de Canarias, en el de la Provincia en su caso, y en uno o dos diarios, según lo establecido en el artículo 10.1 de este Reglamento, y surtirá efectos desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Canarias.

5. El acuerdo de suspensión se comunicará de forma fehaciente al Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados, cuando no sea la Administración actuante, antes de proceder a su publicación en el Diario Oficial que corresponda, a fin de que procedan a resolver sobre la interrupción del proceso de otorgamiento de las licencias presentadas con anterioridad.

6. Los Ayuntamientos, tras el correspondiente informe técnico y jurídico de sus servicios administrativos, comunicarán a los peticionarios de licencias afectados la aplicación de la suspensión, los motivos que la justifican y los recursos que procedan contra dicho acuerdo. En el supuesto previsto en el apartado 5 anterior, las resoluciones municipales serán, además, comunicadas a la Administración que dictó el acuerdo de suspensión.

Artículo 16.- Suspensión automática de licencias.

1. El acuerdo o resolución de aprobación inicial de los instrumentos de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística determinará, por sí solo y desde el momento de su publicación, la suspensión automática del otorgamiento de licencias en todas aquellas áreas cuyas nuevas determinaciones supongan alteración del régimen vigente.

2. El acuerdo de aprobación inicial al que se refiere el apartado anterior, cuando no sea adoptado por el órgano competente municipal, deberá ser notificado de forma fehaciente al Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados antes de proceder a su publicación en el Diario Oficial que corresponda.

3. A partir de la publicación de la aprobación inicial sólo se podrá tramitar y otorgar licencia a los proyectos ajustados al régimen vigente en el momento de su solicitud, siempre que dicho régimen no haya sido alterado por las determinaciones propuestas en el instrumento de ordenación en tramitación, o, habiendo sido alterado, las determinaciones aprobadas inicialmente sean menos restrictivas o limitativas que las del planeamiento en vigor, aplicándose lo establecido en el apartado 6 del artículo 15.

Artículo 17.- Plazos máximos de suspensión de licencias.

1. El plazo máximo de suspensión de licencias no podrá exceder, en ningún caso, de dos años desde la publicación del primer acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias.

2. El plazo máximo de la suspensión facultativa regulada en el artículo 15 de este Reglamento, será de un año, contado desde el día siguiente a la fecha de publicación del acuerdo de suspensión en el Boletín Oficial de Canarias. Si durante la vigencia de dicho plazo se produjera la publicación del acuerdo de aprobación inicial, la suspensión se mantendrá para aquellas áreas afectadas por determinaciones que impliquen cambios en el régimen vigente, hasta un máximo de dos años desde el día siguiente a la fecha de publicación del acuerdo de suspensión facultativa.

3. Si la publicación del acuerdo de aprobación inicial se realizara con posterioridad al vencimiento del plazo de suspensión facultativa, la suspensión automática se extenderá durante el tiempo que falte para completar el plazo máximo de dos años.

4. Si no hubiere hecho uso de la potestad de suspensión facultativa de licencias, el plazo de la suspensión de licencias derivado de la aprobación inicial será, como máximo, de dos años.

5. Transcurrido el plazo máximo total de suspensión no será posible acordar nuevas suspensiones para tramitar los mismos instrumentos de ordenación con idéntica finalidad, en el área territorial afectada por la anterior, hasta que transcurran tres años, contados a partir del día siguiente a la fecha final de los efectos de la suspensión. No se entenderán como idéntica finalidad la formulación, revisión o modificación de un instrumento de ordenación distinto al que motivó la anterior suspensión, ni cuando la nueva suspensión se derive de la preceptiva adaptación del instrumento de ordenación a nuevas determinaciones legales o al planeamiento de rango superior.

Artículo 18.- Levantamiento de la suspensión.

1. La suspensión podrá alzarse por acuerdo expreso del mismo órgano que la dispuso, con efectos desde la publicación de tal acuerdo.

2. El alzamiento de la suspensión se producirá de forma automática en los siguientes supuestos:

a) Con la publicación del acuerdo de aprobación inicial en todas aquellas áreas y determinaciones vigentes que no resulten alteradas en dicha aprobación.

b) Con la publicación del acuerdo de aprobación definitiva, o la caducidad del procedimiento.

c) Por el transcurso de los plazos máximos de suspensión, o la eventual anulación, en vía administrativa o judicial, de los actos administrativos por los cuales se produjo la suspensión.

3. Una vez levantada la suspensión, el otorgamiento de licencias habrá de resolverse con arreglo al ordenamiento jurídico vigente en el momento de su resolución, siempre que éstas no se hubieran adquirido por silencio positivo.

Artículo 19.- Indemnizaciones y devoluciones derivadas de la suspensión de licencias.

1. Si una vez levantada la suspensión, la licencia solicitada fuese denegada, se aplicará el siguiente régimen de indemnizaciones y devoluciones:

a) El solicitante de la licencia cuyo otorgamiento hubiere sido suspendido y con posterioridad denegado por no ajustarse al nuevo régimen vigente, tendrá derecho a ser indemnizado por el importe del coste de los proyectos, o de la parte de los mismos que hubiere de ser rectificada.

b) También tendrá derecho a la devolución de la tasa municipal por licencia de obras, e impuesto de construcciones, instalaciones y obras, y, en su caso, del canon contemplado en el artículo 62.3 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, que hubiese sido satisfecho por el mismo.

c) Es condición indispensable para tener derecho a la indemnización y devolución señaladas en las letras a) y b) anteriores que el proyecto para el que se solicitó licencia se ajuste a la ordenación en vigor en el momento de la solicitud. En otro caso sólo habrá derecho a la devolución del canon y del impuesto de construcciones, instalaciones y obras.

2. El derecho a exigir las indemnizaciones, en el plazo máximo de un año, o las devoluciones que procedan, se podrá ejercer desde el día siguiente a la notificación de la denegación de la licencia solicitada o, en su caso, desde que la misma sea firme y definitiva.

3. La obligada a indemnizar por los conceptos señalados en la letra a) del apartado 1 anterior será la Administración Pública que adoptó el acuerdo o resolución de suspensión de licencias.

Artículo 20.- Suspensión de la tramitación y aprobación de los instrumentos de ordenación.

1. Desde la adopción del acuerdo o resolución a que se refiere el artículo 12.1 de este Reglamento, o en la aprobación inicial, la Administración Pública competente para esta última, podrá acordar la suspensión de los procesos de tramitación del planeamiento de desarrollo, o de aquellos que, siendo de ámbito igual o inferior, resulten jerárquicamente dependientes del que se pretende formular, revisar o modificar, y, consecuentemente, de sus instrumentos de ejecución material y jurídica. La suspensión, que será susceptible de recurso administrativo, requerirá pronunciamiento expreso con identificación del tipo de plan, usos y suelos o áreas suspendidas.

2. La suspensión, que siempre será expresa, deberá publicarse en el modo previsto en el artículo 10 de este Reglamento y comunicarse a las Administraciones públicas afectadas, y, en su caso, a los promotores particulares afectados. Cuando la Administración que adopta el acuerdo desconozca los datos de identidad y domicilio de los particulares interesados, lo pondrá en conocimiento de la Administración Pública afectada para que, de tener tales datos, comunique a los interesados el acuerdo de suspensión.

3. La aprobación inicial no podrá conllevar en ningún caso la suspensión tácita de la tramitación y aprobación de instrumentos de planeamiento.

Artículo 21.- Plazos máximos de suspensión de la tramitación y aprobación de instrumentos de ordenación.

1. El plazo máximo de suspensión será de dos años.

2. La aprobación definitiva, el acuerdo expreso o, en su caso, la caducidad del procedimiento, supondrá el levantamiento automático de tal medida. La suspensión cautelar, entendida como la opcional previa a la aprobación inicial, no podrá ser superior, de adoptarse, a la mitad del plazo admitido como máximo.

3. La suspensión no podrá ser acordada de nuevo, por el mismo motivo y para el mismo instrumento de ordenación, hasta transcurridos tres años, contados desde el alzamiento de la última suspensión acordada. No se entenderá que concurre el mismo motivo cuando la nueva suspensión se derive de la preceptiva adaptación del instrumento de ordenación a nuevas determinaciones legales o al planeamiento de rango superior.

Artículo 22.- Indemnizaciones y devoluciones derivadas de la suspensión de la tramitación de instrumentos de ordenación.

1. En el plazo máximo de un mes a partir del levantamiento de la suspensión, la Administración competente para la aprobación inicial o definitiva, según la fase en que se encuentren los instrumentos de iniciativa privada cuya tramitación haya sido suspendida, deberá resolver acerca de su compatibilidad con el régimen vigente, continuando el procedimiento, o, en su caso, denegando su continuación, con archivo del expediente, o, si se encontrase en fase final del procedimiento, denegando su aprobación definitiva, previa audiencia en todo caso del interesado, que tendrá la posibilidad de instar la continuidad de la tramitación adaptando el instrumento a las nuevas determinaciones.

2. En caso de denegación de la aprobación definitiva o de la continuación del procedimiento, los promotores tendrán derecho a ser indemnizados, en su caso, por los gastos devengados en la elaboración del instrumento cuya aprobación haya sido denegada, o de la parte de los mismos que hubiere de ser rectificada, y a la devolución, en su caso, de los tributos municipales que hubieren sido satisfechos. No habrá derecho a dicha devolución si el instrumento propuesto contraviniera la legislación y planeamiento vigentes en el momento de su presentación.

3. El derecho a exigir las indemnizaciones, en el plazo máximo de un año, o las devoluciones que procedan, se podrá ejercer desde el día siguiente a la notificación de la denegación de la aprobación o tramitación solicitada, o en su caso desde que la misma sea firme y definitiva.

4. La obligada a indemnizar por los conceptos señalados en el apartado 2 anterior, será la Administración Pública que adoptó el acuerdo o resolución de suspensión.

Artículo 23.- Suspensión de la vigencia de los instrumentos de ordenación.

1. El Gobierno de Canarias podrá suspender la vigencia de cualquier instrumento de ordenación con objeto de proceder a la alteración de su contenido mediante revisión o modificación. La suspensión podrá afectar, de forma parcial o integral, tanto al contenido normativo del instrumento de ordenación como a un área territorial concreta.

2. El acuerdo referido en el número anterior, debidamente motivado, se adoptará a propuesta del Consejero del Gobierno de Canarias competente en materia de ordenación territorial, y a iniciativa, en su caso, de los Cabildos Insulares o de las Consejerías de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competentes en razón de la materia, previo informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, y previa audiencia del municipio o municipios afectados y, en su caso, del Cabildo Insular.

3. El plazo para el informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, y el trámite de audiencia de los Ayuntamientos y Cabildos afectados, tendrán una duración de veinte días, salvo que se declare la urgencia al incoarse el expediente de suspensión, en cuyo caso se reducirán los plazos a la mitad.

4. El acuerdo de suspensión establecerá, en coherencia con las razones de interés público que motiven la adopción de esta medida excepcional, la normativa aplicable transitoriamente en sustitución de la suspendida que, en todo caso, debe garantizar los objetivos inmediatos contemplados en el acuerdo o resolución de suspensión, y su plazo de vigencia, debiendo publicarse conforme se establece en el artículo 10 de este Reglamento.

5. Cuando se pretenda la implantación inmediata de usos, actividades o edificaciones de claro interés supralocal, la normativa provisional adoptada legitimará su ejecución o materialización, sin perjuicio de que, en un plazo no superior a seis meses, el planeamiento suspendido sea modificado o revisado para incorporar tal normativa a sus propias determinaciones.

Artículo 24.- Evaluación ambiental de Planes.

1. Serán objeto de evaluación ambiental, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, la formulación, revisión o modificación sustancial, de la totalidad de los Planes que integran el Sistema de Planeamiento de Canarias.

2. El órgano ambiental podrá, previa consulta a las Administraciones públicas afectadas, excluir del procedimiento de evaluación ambiental a los planes, cuando, no teniendo efectos significativos en el medio ambiente, se dé alguno de los siguientes supuestos:

a) Establezcan el uso de zonas de reducida superficie territorial.

b) Tengan por objeto modificaciones o revisiones parciales de carácter menor.

c) Desarrollen determinaciones de planes jerárquicamente prevalentes sometidos a tal procedimiento de evaluación.

3. La decisión podrá adoptarse caso por caso, especificando tipos de planes o combinando ambos métodos. En todo caso, la decisión se hará pública en el Boletín Oficial de Canarias, con indicación de los motivos en que se fundamente.

Artículo 25.- Órgano ambiental.

La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias actuará como órgano ambiental de los planes de ordenación de los recursos naturales, territoriales, urbanísticos o sectoriales con relevancia sobre el territorio, promovidos por las Administraciones Públicas canarias o por los particulares, en ejecución de legislación autonómica.

Artículo 26.- Determinación del alcance del informe de sostenibilidad ambiental.

1. Con carácter previo al proceso de evaluación ambiental y al objeto de elaborar el informe de sostenibilidad, el promotor del plan, recabará del órgano ambiental la determinación de la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación de dicho informe, acompañando para ello la evaluación estimada sobre:

a) Los objetivos del plan.

b) El alcance y contenido del plan, de las propuestas y de sus alternativas.

c) El desarrollo previsible del plan.

d) Los efectos ambientales previsibles.

e) Los efectos previsibles sobre los elementos estratégicos del territorio, sobre la planificación territorial y sobre las normas aplicables.

2. El órgano ambiental, o el órgano en quien delegue, tras identificar y consultar por plazo de 30 días a las Administraciones públicas afectadas y al público interesado, comunicará al promotor la amplitud, nivel de detalle y el grado de especificación del informe de sostenibilidad mediante un documento de referencia que incluirá, además, los criterios ambientales estratégicos e indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad aplicables en cada caso, así como la identificación de las Administraciones públicas afectadas y del público interesado.

3. El plazo máximo para comunicar el documento de referencia será de dos meses desde la recepción de la documentación referida en el apartado 1 anterior, pudiendo suspenderse el plazo, por una sola vez, para requerir al promotor la ampliación o aclaración de la documentación remitida. Será igualmente notificado a cuantos hayan participado en el trámite de consulta.

4. La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias pondrá a disposición pública el documento de referencia, la relación de las administraciones públicas afectadas y el público interesado identificado.

5. El informe de sostenibilidad ambiental se elaborará por el promotor con arreglo a los criterios contenidos en el documento de referencia.

6. La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias podrá aprobar un documento de referencia para cada tipo de instrumento de planeamiento urbanístico, territorial y de recursos naturales, de acuerdo con el procedimiento y el contenido que se especifica en los apartados precedentes. Dicho documento tipo será tenido en cuenta por el promotor para elaborar el informe de sostenibilidad ambiental, respecto de aquella clase de planeamiento para la que exista documento tipo aprobado. En este caso, no será necesario cumplimentar el trámite previo al proceso de evaluación ambiental regulado en este artículo.

7. Los acuerdos aprobatorios de los documentos de referencia tendrán la consideración de actos de trámite.

Artículo 27.- Procedimiento de evaluación ambiental.

Se aplicará a los instrumentos de ordenación que conforman el Sistema de Planeamiento de Canarias, el siguiente procedimiento:

1. La evaluación ambiental se llevará a cabo conforme al siguiente procedimiento:

a) Si el procedimiento de aprobación contempla la fase de Avance, se incorporará a la documentación del Avance, el informe de sostenibilidad ambiental, y se someterá a participación pública y consultas por plazo mínimo de 45 días, en los términos regulados en los artículos 28 y 33 de este Reglamento.

b) Si no se contempla la fase de Avance, los requisitos documentales y de procedimiento indicados deberán realizarse con carácter previo a la aprobación inicial.

c) Agotados los trámites de participación publica y de consulta, se elaborará por el promotor la propuesta de Memoria Ambiental que, junto con el resto del documento, será sometida a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. Este órgano, en el plazo máximo de dos meses, emitirá un único acuerdo que constará de dos apartados. El primero, aprobará, en su caso y con las modificaciones que estime oportunas sobre la propuesta del promotor, la Memoria Ambiental definitiva y, el segundo, informará las cuestiones sustantivas territoriales y urbanísticas, en cumplimiento del artículo 11 del Texto Refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

d) La Memoria Ambiental que se apruebe contendrá las determinaciones finales que deban incorporarse al documento de planeamiento que se someta a aprobación inicial y, sin perjuicio de lo señalado en el apartado 2 de este artículo, se mantendrá y tendrá en cuenta al acordarse la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento.

e) El acuerdo del órgano ambiental podrá adoptar cualquiera de los siguientes pronunciamientos:

I. Aprobar la Memoria Ambiental en los mismos términos en que fue propuesta.

II. Aprobar la Memoria Ambiental condicionada a que se incorporen correcciones o modificaciones debidamente motivadas en el propio acuerdo. No podrá aprobarse definitivamente el instrumento de planeamiento mientras no conste fehacientemente la corrección ordenada.

III. Suspender la aprobación de la Memoria Ambiental para que el promotor subsane contenidos informativos y documentales o realice trámites omitidos o defectuosos, igualmente motivados. En este supuesto, el órgano ambiental devolverá la documentación completa al órgano sustantivo.

2. Si el documento de planeamiento, a lo largo de su tramitación, introdujera modificaciones sustanciales que pudieran tener efectos significativos para el medio ambiente, el órgano promotor estará obligado a la modificación del informe de sostenibilidad elaborado y a proponer la corrección de la Memoria Ambiental aprobada, sometiéndola nuevamente a la consideración del órgano ambiental según el siguiente procedimiento:

a) El órgano promotor, antes de la aprobación definitiva, remitirá a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, como órgano ambiental, el documento de planeamiento, incluyendo informe de sostenibilidad elaborado, y propuesta de modificación de la Memoria Ambiental aprobada como definitiva por el órgano ambiental.

b) En los procedimientos en los que no sea competencia de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias emitir informe urbanístico ni resolver la aprobación definitiva del Plan, ésta deberá aprobar la Memoria Ambiental corregida y notificar dicho acuerdo en el plazo máximo de dos meses, desde la recepción de la documentación completa.

c) Si, además, correspondiese a la Comisión emitir informe sobre aspectos territoriales o urbanísticos, el acuerdo adoptará la forma señalada en el apartado 1.c) precedente. El transcurso del plazo de dos meses sin notificar acuerdo, salvo que el previsto para emitir informe sea mayor, en cuyo caso se estará a dicho plazo, supondrá la aceptación de la modificación de la Memoria Ambiental en los mismos términos en que resultó propuesta, sin perjuicio de los efectos que el transcurso de dicho plazo suponga respecto del informe urbanístico.

d) En los procedimientos que corresponde a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias la aprobación definitiva del Plan, se adoptará, igualmente, acuerdo único diferenciando un apartado para la aprobación de la modificación de la Memoria Ambiental y otro para la resolución de la aprobación definitiva del plan en cuestión, dentro del plazo conferido para la aprobación definitiva.

3. Los acuerdos adoptados por el órgano ambiental en relación a la Memoria Ambiental tendrán, en todo caso, la consideración de actos de trámite.

Artículo 28.- Avance de los instrumentos de ordenación.

Artículo 28.- Avance de los instrumentos de ordenación.

1. El Avance de los instrumentos de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística constituye el documento informativo básico para exponer y evaluar las diferentes alternativas de ordenación planteadas a partir de los datos y criterios generales para un concreto territorio.

2. El Avance, en cuanto documento interno de carácter preparatorio, no tiene carácter vinculante, pudiendo la Administración actuante recoger su contenido, en todo o en parte, o adoptar cualquier otra alternativa, expresamente motivada, en la adopción del modelo de ordenación definitivo. Los actos administrativos relativos al Avance no son recurribles, y las sugerencias que se presenten en la fase de participación pública no dan lugar a la condición de interesado, ni derecho a una respuesta razonada, sin perjuicio de su obligada incorporación al correspondiente expediente administrativo en unión de los informes administrativos que las valoren.

3. Será preceptiva la elaboración y publicación de Avance en los procedimientos de aprobación y revisión general de los siguientes instrumentos de ordenación:

a) Directrices de Ordenación.

b) Planes Insulares de Ordenación.

c) Planes Rectores de Uso y Gestión de Parques Rurales.

d) Planes Especiales de los Paisajes Protegidos.

e) Planes Territoriales de Ordenación.

f) Planes Generales de Ordenación.

g) Cualquier otro plan jerárquicamente dependiente de los anteriores cuando así lo establezca cualquiera de éstos.

4. En las revisiones parciales de los mismos, sólo será exigible el Avance cuando afecten a sus determinaciones ambientales básicas, tengan por objeto la reclasificación de suelo rústico, o la nueva implantación de sistemas generales de cualquier nivel, o de las infraestructuras y los equipamientos estructurantes de alcance supralocal.

5. La elaboración del Avance será potestativa en los restantes procedimientos.

6. Cuando los trabajos de elaboración del instrumento de ordenación hayan alcanzado un suficiente grado de desarrollo para permitir la formulación de criterios generales y objetivos, el órgano administrativo que acordó su formulación resolverá exponerlo al público por el plazo mínimo de 45 días y máximo de tres meses, mediante la publicación del correspondiente anuncio de participación pública en el Boletín Oficial y diarios que corresponda. Serán aplicables a la exposición pública de la documentación del Avance los requisitos contenidos en el artículo 31 de este Reglamento.

7. Simultáneamente, el Avance se someterá a consulta de las Administraciones Públicas que, por razón de la materia o del territorio, ostenten competencias que puedan resultar afectadas por las determinaciones del instrumento en trámite.

8. Cumplidos los trámites anteriores, el órgano actuante, a la vista de las sugerencias y propuestas formuladas, de los informes de los servicios administrativos, técnicos y jurídicos, y oído el parecer de la Comisión de Seguimiento, establecerá los objetivos, criterios, y parámetros conforme a los cuales deba elaborarse el instrumento que se someta a la aprobación inicial.

Artículo 29.- Aprobación inicial.

Artículo 29.- Aprobación inicial.

1. Ultimada la redacción del documento, se emitirán los informes técnicos y jurídicos correspondientes por los servicios administrativos de la Administración Pública actuante, con referencia al cumplimiento de los requisitos de carácter documental, procedimental y sustantivo que resulten exigibles, y se someterá el instrumento de ordenación a aprobación inicial del órgano competente.

2. El acuerdo o resolución de aprobación inicial señalará, en su caso, las áreas afectadas por la suspensión de licencias, así como, cuando proceda, la suspensión expresa de la tramitación y aprobación de los instrumentos de ordenación, conforme se establece en este Reglamento.

3. Asimismo se acordará el sometimiento del expediente administrativo y del documento aprobado inicialmente a los trámites de información pública, de consulta a las Administraciones públicas, y de audiencia a los interesados cuando proceda, publicándose los anuncios de la forma prescrita.

4. El acuerdo de aprobación inicial en tanto acto de trámite no es susceptible de impugnación autónoma, salvo por vicios de nulidad radical o cuando tal acuerdo sea denegatorio y en los demás supuestos previstos en la legislación de procedimiento administrativo común.

Artículo 30.- Información pública.

Artículo 30.- Información pública.

1. Durante el período de información pública cualquier persona física o jurídica, individual o colectivamente, podrá presentar por escrito alegaciones relativas al acierto, conveniencia, legalidad u oportunidad del instrumento de ordenación sometido a dicho trámite.

2. La comparecencia en el trámite de información pública no otorga la condición de interesado, sin perjuicio del derecho a obtener una respuesta motivada de la Administración actuante en los términos previstos en el artículo 38 de este Reglamento, que podrá ser común para todas las que planteen cuestiones sustancialmente iguales.

3. El plazo mínimo de la información pública será de un mes y el máximo de dos. Cuando el período de información pública coincida, en la mitad o más de su duración con el mes de agosto, el plazo establecido en el anuncio será obligatoriamente de dos meses.

4. Si fuere preceptiva su evaluación ambiental, junto a la documentación del instrumento se someterá a información pública el Estudio Ambiental.

Artículo 31.- Requisitos de la exposición al público.

Artículo 31.- Requisitos de la exposición al público.

1. La exposición al público de la documentación deberá cumplir las siguientes condiciones:

a) Deberán habilitarse, siempre que sea posible, dependencias destinadas exclusivamente al examen de la documentación. Se procurará la presencia de personal técnico, en función del concreto instrumento de ordenación de que se trate, para proporcionar la información o aclaraciones que precisen los ciudadanos.

b) Las dependencias donde se lleve a cabo la exposición pública deberán estar abiertas todos los días hábiles del plazo correspondiente y durante el horario oficial del centro.

c) En dichas dependencias estarán a disposición de los ciudadanos varias copias autenticadas del completo expediente administrativo y de la totalidad de los documentos, escritos y gráficos, del instrumento de ordenación en los términos en que fue aprobado por el órgano administrativo competente, así como el índice de los mismos.

d) Todos los planos y documentos que se expongan durante el período de información pública, deberán diligenciarse por el Secretario o funcionario habilitado al efecto. En esta diligencia deberá constar, como mínimo, el órgano que aprobó el instrumento y la fecha de su aprobación. Tal diligencia dará fe de que la documentación diligenciada corresponde con la que fue objeto de aprobación.

e) Deberá exponerse, debidamente rubricado por quien haya diligenciado, el índice indicativo del número e identificación de los textos escritos y gráficos que se someten a información pública, señalándose, expresamente, el número de folios de que se compone cada volumen escrito, así como el número total de planos.

2. Asimismo, durante el período de información pública, la Administración Pública responsable de la tramitación del instrumento de ordenación podrá:

a) Facilitar una copia autenticada de la totalidad de los documentos a un servicio de reprografía, propio o externo, que permita a los ciudadanos obtener, a su costa, copia de la documentación expuesta. Podrá facilitarse también la obtención de copias en formato digital.

b) Disponer en la mayor medida posible los medios electrónicos, telemáticos e informáticos que permitan el acceso personal a la documentación sometida a información pública de manera que pueda ser visualizada, descargada e impresa por los particulares en el sitio o portal oficial de la Administración actuante, o en su caso de la Consejería competente en materia de ordenación territorial, si así se ha establecido mediante convenio de colaboración, conforme se contempla en el artículo 6.3 de este Reglamento, arbitrando las medidas precisas que garanticen la exactitud e integridad de la información vertida.

Artículo 32.- Garantías de autenticidad e integridad.

Artículo 32.- Garantías de autenticidad e integridad.

1. Cualquier ciudadano tendrá derecho a hacer constar por escrito la ausencia en los locales destinados a la exposición pública de cualquiera de los documentos escritos o gráficos indicados en el índice. De dicho escrito se dará copia sellada al ciudadano que la hubiese instado, incorporándose el original al expediente administrativo.

2. Constatada la veracidad de la denuncia, se procederá a su corrección inmediata, y en todo caso al siguiente día hábil a contar desde su entrada en el Registro oficial de la Administración en la que se exponga al público el documento de planeamiento. El funcionario responsable emitirá diligencia indicativa del lugar, fecha y hora en que se subsane la omisión documental denunciada, y se incorporará al expediente administrativo del que traiga causa.

3. Transcurrido el siguiente día hábil desde la presentación de la denuncia sin que haya sido corregida la deficiencia, podrá denunciarse el hecho ante el Alcalde, Presidente de Cabildo o Consejero responsable, según corresponda, con objeto de que se proceda a su corrección inmediata.

4. Finalizado el trámite de información pública, se certificará por funcionario autorizado el número de alegaciones presentadas, con indicación de la identidad del alegante, fecha de presentación y número de registro otorgado, acompañando como anexo el índice al que se refiere el artículo 31, apartado 1.e) de este Reglamento. Se certificará, igualmente, cualquiera de las incidencias referidas en los tres primeros apartados de este artículo.

Artículo 33.- El trámite de consulta y el trámite de informe.

Artículo 33.- El trámite de consulta y el trámite de informe.

1. La cooperación interadministrativa se concretará en el cumplimiento del trámite de consulta, de carácter preceptivo incluso en procedimientos de urgencia, a las Administraciones territoriales y sectoriales afectadas, que se desarrollará de acuerdo a lo previsto en los apartados siguientes:

a) La Administración actuante consultará a las Administraciones públicas que, por razón de la materia o del territorio, puedan resultar afectadas en el ejercicio de sus competencias y en los supuestos en que la legislación sectorial así lo disponga, a fin de que puedan exponer, de manera suficiente y motivada, las exigencias que resulten de los intereses públicos cuya gestión les esté encomendada. En todo caso, cuando no sea la Administración actuante, deberá consultarse al Cabildo Insular correspondiente y a los Ayuntamientos cuyos términos municipales resultaren afectados.

b) La consulta deberá precisar los extremos acerca de los cuales se solicita el parecer de la consultada, citándose el precepto que lo exija o fundamentando en su caso la conveniencia de reclamarlo.

c) Deberá acompañarse la documentación necesaria, en soporte papel o en formato digital.

d) En el plazo de un mes, salvo las excepciones establecidas en este Reglamento o en la legislación específica, la consultada podrá manifestar sus criterios en relación con el contenido de la actuación objeto del informe.

e) Los instrumentos o proyectos que constituyan desarrollo o ejecución de otros previos en cuyo procedimiento de aprobación se haya cumplido dicho trámite, no requerirán nuevo trámite de consulta siempre que no impliquen afecciones relevantes adicionales a las resultantes del instrumento o proyecto desarrollado o ejecutado.

2. El trámite de consulta se simultaneará, cuando exista fase de Avance, con el trámite de participación pública, y, cuando el Avance no sea preceptivo, con el trámite de información pública.

3. La incomparecencia en este trámite no suspenderá la continuación del procedimiento.

4. La contestación de la consultada se referirá a aquellos aspectos que sean relevantes para los intereses públicos cuya gestión le esté encomendada por razón de su competencia específica, concretando en su caso las discrepancias sobre las determinaciones previstas, de forma que se precise su sentido, que podrá ser:

a) Favorable, cuando concluya que el documento examinado se ajusta a criterios de legalidad y oportunidad en el marco de sus competencias.

b) Condicionado, cuando se considere que adolece de algún defecto subsanable de legalidad u oportunidad. En este supuesto, una vez subsanadas las deficiencias, o alcanzado el acuerdo a que se refiere el apartado siguiente, se entenderá emitida en sentido favorable.

c) Desfavorable, cuando se considere que los defectos de legalidad u oportunidad no son subsanables.

5. Las consultas que sean desfavorables o condicionadas no impedirán, sin perjuicio del procedimiento de resolución de conflictos regulado en el artículo siguiente, la continuación del procedimiento. Cuando la objeción ponga de manifiesto una posición de carácter vinculante, derivada de la legislación sectorial, no podrá aprobarse el documento en todo aquello que afecte a tales competencias.

6. La consulta deberá repetirse si en la tramitación posterior del procedimiento se introducen modificaciones que supongan cambios sustanciales en el documento consultado.

7. Cuando coincida, por determinación de normativa sectorial, la fase de consulta con una determinada Administración con la petición de informe preceptivo a la misma, la solicitud de este último hará innecesaria la de la consulta.

8. Los informes que no se emitan dentro del plazo conferido podrán no ser tenidos en cuenta por la Administración competente para adoptar la aprobación definitiva, salvo cuando los mismos adviertan de cuestiones de legalidad, en cuyo caso deberá pronunciarse expresamente sobre tales aspectos.

9. La falta de emisión de informes correctamente solicitados, incluso de los que tengan carácter preceptivo y vinculante, no impedirán la continuación del procedimiento.

10. Cuando no tenga establecido otro momento procedimental, los informes se recabarán simultáneamente con el trámite de información pública y por igual plazo.

Artículo 34.- Procedimiento potestativo de resolución de conflictos.

Artículo 34.- Procedimiento potestativo de resolución de conflictos.

1. Cuando la consulta emitida no sea favorable o revele discrepancias en el ejercicio de competencias concurrentes, la Administración actuante podrá convocar a las consultadas a la celebración de reuniones, con el objetivo de armonizar sus respectivos intereses. El proceso de concertación debe completarse en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la finalización del plazo otorgado para la emisión de las consultas. La convocatoria, formalmente comunicada, suspende los plazos establecidos en este Reglamento para tramitar y resolver, que se reanudarán, bien en el momento en que se llegue a un acuerdo, bien por el transcurso del señalado plazo de dos meses.

2. De las reuniones se levantará un acta sucinta que recoja al menos los puntos tratados, las posiciones de los distintos organismos participantes, y las conclusiones alcanzadas, debiéndose incorporar al expediente.

3. Cuando la resolución de discrepancias hubiere concluido con acuerdo, se entenderá que las consultas han sido emitidas en sentido favorable en los términos consignados en la correspondiente acta.

4. De persistir las discrepancias, transcurrido el plazo máximo de dos meses señalado en el apartado 1 anterior, se levantará un acta final en la que se consigne la conclusión sin acuerdo de la consulta. Deberá fijar con detalle los puntos de desacuerdo, con expresión de las razones por los que no haya podido conseguirse una ponderación compatible de los intereses públicos.

5. La Administración actuante, a la vista del acta, resolverá motivadamente sobre los puntos de discrepancia, notificándose a las Administraciones implicadas. Esta resolución no es susceptible de recurso, si bien la impugnación ulterior del acto que ponga fin al procedimiento de aprobación del instrumento de planeamiento en cuestión, podrá basarse en los motivos consignados en la misma.

Artículo 35.- Audiencia a los interesados.

Artículo 35.- Audiencia a los interesados.

1. En los procedimientos de iniciativa privada relativos a los planes urbanísticos de desarrollo, en las Calificaciones Territoriales, y en los Proyectos de Actuación Territorial, la Administración actuante, mediante notificación personal, dará audiencia a los interesados a efectos de que durante el mismo período de información pública puedan examinar la documentación y presentar alegaciones.

2. Tienen la consideración de interesados los titulares de bienes o derechos que resulten incluidos en el área sujeta a ordenación por alguno de los instrumentos de planeamiento señalados en el apartado anterior, y los colindantes inmediatos, según se desprenda de los datos catastrales o registrales.

Artículo 36.- Omisión de trámites esenciales.

Artículo 36.- Omisión de trámites esenciales.

La omisión absoluta de los trámites de participación pública, de información pública, de consulta, de informes, o de audiencia a los interesados cuando corresponda, en cuanto sean preceptivos y, por tanto, esenciales al procedimiento, conllevará la nulidad de pleno derecho de los actos y trámites posteriores al momento en que se produjo la omisión. El cumplimiento defectuoso de dichos trámites, cuando el defecto implique indefensión o impida alcanzar los fines previstos con el mismo, podrá suponer la anulabilidad de los actos resolutorios posteriores.

Artículo 37.- Estudio de los informes y alegaciones.

Artículo 37.- Estudio de los informes y alegaciones.

1. Culminados los trámites anteriores, se pasará el expediente y la documentación a informe de los servicios técnicos y jurídicos de la Administración actuante que, mediante propuesta, recomendarán la confirmación o modificación de las determinaciones del instrumento de ordenación que se vean afectadas por los informes y alegaciones presentados, y señalarán, en todo caso, si el conjunto de las rectificaciones que se proponen supone o no una alteración sustancial del documento aprobado inicialmente.

2. Se entenderá que las modificaciones introducidas tienen carácter sustancial cuando el conjunto de las mismas suponga una alteración importante del modelo de ocupación del territorio y desarrollo urbanístico aprobado inicialmente.

3. Cuando el órgano competente para resolver las alegaciones aprecie el carácter sustancial de las modificaciones introducidas, se procederá a una nueva aprobación del documento, sin necesidad de retrotraer las actuaciones, que incorpore las modificaciones, debiendo repetir los trámites de consulta e información pública, exclusivamente respecto de las determinaciones afectadas por las modificaciones sustanciales, en los términos previstos en este Reglamento. Tal acuerdo de trámite, no susceptible de recurso, se identificará como aprobatorio de las correcciones sustanciales derivadas del trámite de información pública. En tanto no se culmine el nuevo trámite y se informen las alegaciones e informes presentados, no podrá continuarse la tramitación del documento.

4. Si las modificaciones no son sustanciales, basta la simple notificación de las mismas a los afectados directamente por ellas, con indicación expresa de su carácter meramente informativo en los términos indicados en el artículo 38.2 de este reglamento.

Artículo 38.- Respuesta razonada a las alegaciones.

Artículo 38.- Respuesta razonada a las alegaciones.

1. El órgano competente de la Administración actuante dará respuesta razonada a las alegaciones presentadas por los particulares, que podrá ser conjunta para aquellas que planteen cuestiones sustancialmente análogas.

2. Tales respuestas, cuando no se contengan en el acuerdo de aprobación definitiva, podrán ser notificadas señalando que constituyen propuestas de estimación o desestimación que no condicionan la competencia del órgano que apruebe definitivamente, y, en cuanto actos de trámite, no son actos susceptibles de impugnación autónoma.

3. El acuerdo de aprobación definitiva será notificado a quienes hayan presentado alegaciones en el período de información pública adjuntando la propuesta de estimación o desestimación que haya asumido el órgano competente de tal aprobación.

Artículo 39.- Aprobación y remisión del instrumento de ordenación aprobado.

Artículo 39.- Aprobación y remisión del instrumento de ordenación aprobado.

1. La Administración Pública actuante, a la vista de la propuesta de sus servicios administrativos y, en su caso, de la documentación corregida, acordará la aprobación del documento, que tendrá el carácter de definitiva cuando coincida con la misma que aprobó inicialmente, y el de provisional cuando la competente para la aprobación definitiva sea distinta.

2. El expediente y todos los documentos que integran el instrumento de ordenación sobre el que hubiere recaído la aprobación, sea provisional o definitiva, deberán ser diligenciados, por el Secretario de la entidad o funcionario autorizado.

3. Cuando se haya acordado la aprobación provisional, el expediente completo se remitirá, en número no inferior a tres ejemplares debidamente ordenados, foliados e indexados, a la Administración competente para la aprobación definitiva, acompañado de los correspondientes documentos técnicos diligenciados, foliados e indexados. El número de ejemplares se incrementará en uno más por cada informe sectorial que deba recabar preceptivamente el órgano que aprueba definitivamente.

Artículo 40.- Subsanación de deficiencias.

Artículo 40.- Subsanación de deficiencias.

1. Recibida la documentación, los servicios administrativos del órgano competente para la aprobación definitiva informarán, dentro de los veinte días siguientes a la recepción, si el documento remitido se encuentra formalmente completo y adecuado en cuanto a su formato y contenido, y si el procedimiento ha sido ajustado a Derecho.

2. De existir algún incumplimiento en los trámites, documentación o formato exigido, se requerirá por el órgano competente a la Administración remitente para que en el plazo máximo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación del requerimiento, proceda a subsanar las deficiencias apreciadas, salvo que la subsanación requiera, por razones de legalidad, un plazo superior, con devolución del expediente, en su caso.

3. Desde que se comunique el requerimiento para subsanar, quedará en suspenso el cómputo del plazo para resolver la aprobación definitiva del instrumento de ordenación, que no se alzará hasta que se cumplimente completamente el requerimiento formulado.

4. El órgano competente para aprobar definitivamente acordará la devolución a la Administración de procedencia de los expedientes iniciados de oficio en los que, en el momento de remisión de los mismos, se hubiera producido la caducidad del procedimiento.

Artículo 41.- Análisis de legalidad.

Artículo 41.- Análisis de legalidad.

1. Si no se apreciaran deficiencias de trámite o documentación, o, en su caso, una vez subsanadas las mismas, se emitirá informe técnico y jurídico acerca de las siguientes cuestiones:

a) Adecuación de las determinaciones del instrumento de ordenación a la normativa legal y reglamentaria aplicable.

b) Adecuación de las determinaciones a las de los instrumentos territoriales de rango superior.

c) Adecuación de las determinaciones del instrumento de ordenación a las políticas de ámbito territorial superior que estén siendo desarrolladas por la correspondiente Administración.

2. Las objeciones de legalidad deberán ser examinadas por el órgano que aprueba definitivamente siempre que las mismas sean conocidas por aquel antes de la adopción del acuerdo.

3. En todo caso, el documento sujeto a aprobación no podrá contener previsiones que comprometan la realización efectiva de acciones por parte de otras Administraciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, sin que éstas hayan prestado expresamente su conformidad.

Artículo 42.- Tipos de resoluciones.

Artículo 42.- Tipos de resoluciones.

El órgano competente para la aprobación definitiva del instrumento de ordenación podrá adoptar alguno de los siguientes acuerdos o resoluciones:

a) Aprobación definitiva en los términos en que viniera formulado.

b) Aprobación definitiva íntegra con publicación condicionada.

c) Aprobación definitiva parcial.

d) Suspensión motivada de la aprobación definitiva.

e) Desestimación motivada de la aprobación definitiva.

Artículo 43.- Aprobación definitiva en los términos que viniera formulado.

Artículo 43.- Aprobación definitiva en los términos que viniera formulado.

La Administración competente aprobará definitivamente el instrumento de ordenación en los mismos términos en que se haya formulado cuando el instrumento examinado cumpla con las cuestiones de legalidad a que hace referencia el artículo 41.1 de este Reglamento.

Artículo 44.- Aprobación definitiva íntegra con publicación condicionada.

Artículo 44.- Aprobación definitiva íntegra con publicación condicionada.

1. Procederá la aprobación definitiva con publicación condicionada cuando, con respecto a las cuestiones de legalidad consignadas en el artículo 41.1 de este Reglamento, se aprecien deficiencias de escasa importancia, consistentes en errores materiales, de representación gráfica, de hecho o aritméticos, cuya subsanación no exija una nueva aprobación provisional.

2. Para la subsanación de las deficiencias se aplicará el siguiente régimen:

a) Se indicarán expresamente las deficiencias detectadas y los términos de su subsanación, pudiendo encomendarse a otro órgano la facultad de comprobar que la subsanación se ha efectuado correctamente. Dicho acuerdo será comunicado, en su caso, a la Administración que aprobó provisionalmente, confiriéndole un plazo máximo para presentar la documentación corregida y diligenciada, donde se dé fe de que se ha procedido a la subsanación conforme a los términos establecidos.

b) Subsanadas efectivamente las deficiencias, se extenderá diligencia de aprobación definitiva por funcionario habilitado para ello, procediéndose, al mismo tiempo, a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva.

c) Transcurrido el plazo máximo conferido sin que se hubieren subsanado las deficiencias, el órgano que haya aprobado definitivamente podrá realizar de oficio, sin necesidad de requerimiento previo y a costa del obligado, las rectificaciones y modificaciones necesarias.

3. No podrán publicarse los acuerdos o resoluciones de aprobación definitiva condicionada, ni la documentación con eficacia normativa que se integra en el instrumento de ordenación, si no se acompaña a la solicitud de publicación la copia de la resolución favorable del órgano competente para verificar el cabal cumplimiento del condicionado.

Artículo 45.- Aprobación definitiva parcial.

Artículo 45.- Aprobación definitiva parcial.

1. Podrá adoptarse acuerdo o resolución de aprobación definitiva parcial, siempre que la parte que no resulte aprobada no afecte al modelo territorial adoptado, ni incidan en la coherencia de la totalidad del documento.

2. En todo caso, sólo podrá adoptarse este tipo de acuerdo o resolución cuando se cumplan conjuntamente los siguientes requisitos:

a) Que se trate de alguno de los siguientes instrumentos de ordenación: Plan Insular de Ordenación, Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos, y Plan General de Ordenación municipal.

b) Que la aprobación, y posterior entrada en vigor, de una parte del instrumento, y la suspensión de la aprobación de otra, no ponga en cuestión la coherencia y eficacia ulterior del instrumento de ordenación en su conjunto.

c) Que la suspensión se refiera a áreas territoriales o conjuntos normativos perfectamente distinguibles sin que por remisiones o referencias cruzadas puedan verse afectados otras áreas o conjuntos normativos que hayan sido aprobados.

d) Que, por el número e intensidad de las determinaciones afectadas de suspensión, resulte más gravosa y genere mayor inseguridad jurídica la adecuación del instrumento para su publicación, que tramitar conjuntamente el documento en su totalidad.

3. El acuerdo íntegro y la normativa aprobada, se publicarán del modo previsto en este Reglamento, con las siguientes especificaciones:

a) Deberán hacerse constar expresamente las determinaciones que han sido objeto de aprobación definitiva y las áreas territoriales a los que afectan las mismas.

b) En la documentación con eficacia normativa que se publique deberán distinguirse sin posibilidad de confusión las determinaciones que hayan sido objeto de aprobación definitiva de aquéllas que hayan sido objeto de suspensión.

4. En el acuerdo o resolución se establecerá el plazo máximo para la tramitación del procedimiento respecto de la parte del instrumento de ordenación cuya aprobación quede suspendida, que, en todo caso, no será superior a seis meses. El órgano que apruebe definitivamente podrá, además, realizar de oficio, sin necesidad de requerimiento previo y a costa del obligado, las rectificaciones y modificaciones necesarias.

5. En supuestos de modificaciones o revisiones parciales de planeamiento, cuando se pretendan introducir en un mismo procedimiento varias alteraciones del planeamiento vigente, independientes entre sí, cabrá aprobar definitivamente y de forma parcial el documento de modificación o revisión respecto de las determinaciones que sean acordes a la legalidad, denegando aquella alteración que vulnere el ordenamiento y no resulte posible adoptar acuerdo de suspensión de la aprobación definitiva.

Artículo 46.- Suspensión motivada de la aprobación definitiva.

Artículo 46.- Suspensión motivada de la aprobación definitiva.

Se resolverá motivadamente la suspensión íntegra de la aprobación definitiva cuando las objeciones planteadas por los servicios administrativos, técnicos y jurídicos, por los informes preceptivos, o por el propio órgano competente para la aprobación definitiva, siendo susceptibles de ser subsanadas, adviertan la concurrencia de las siguientes circunstancias:

a) Que las deficiencias afecten a la totalidad o a la mayor parte del instrumento de ordenación. A tal efecto, respecto del planeamiento general se entenderá que resulta afectada la mayor parte del instrumento cuando no puedan ser aprobadas en su totalidad las determinaciones de aplicación a dos de las tres clases de suelo.

b) Que la subsanación de las deficiencias supongan una modificación de tal carácter y entidad respecto de la ordenación aprobada inicialmente, de ser la misma Administración, o provisionalmente en otro caso, que impliquen una alteración notable del modelo territorial adoptado o incida en la coherencia de la totalidad del documento.

El acuerdo establecerá un plazo para subsanar las deficiencias que, en todo caso, no será superior a seis meses. Transcurrido dicho plazo, el órgano que apruebe definitivamente podrá optar por realizar de oficio, sin necesidad de requerimiento previo y a costa del obligado, las rectificaciones y modificaciones necesarias, o, previa audiencia del promotor, acordar la caducidad del procedimiento y el archivo definitivo de las actuaciones.

Artículo 47.- Desestimación motivada de la aprobación definitiva.

Artículo 47.- Desestimación motivada de la aprobación definitiva.

Podrá adoptarse acuerdo o resolución motivada de desestimación o denegación íntegra de la aprobación definitiva cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que las deficiencias afecten a la totalidad o a la mayor parte del instrumento de ordenación, sin que las mismas puedan ser subsanadas.

b) Que el documento presentado no cumpla con los mínimos requisitos formales y documentales, o bien presente incumplimientos de normativa superior aplicable, que aconseje la elaboración de un nuevo instrumento y su tramitación desde el inicio.

Artículo 48.- Silencio administrativo.

Artículo 48.- Silencio administrativo.

1. La aprobación definitiva tanto de los planes de iniciativa privada como de los de iniciativa pública, cuando en este último caso sea distinto de la Administración que formula el plan, deberá resolver en el plazo previsto al efecto para cada instrumento de ordenación. Transcurrido dicho plazo sin que se haya adoptado resolución expresa, se entenderá denegada la aprobación definitiva, salvo los Planes Parciales de Ordenación y los Estudios de Detalle, ambos de iniciativa privada, en los que operará el silencio positivo que se regirá por lo establecido en el apartado siguiente.

2. No habrá lugar a la aplicación del silencio administrativo positivo, de conformidad con el artículo 42.4 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, cuando se contravenga el Ordenamiento Jurídico y, en concreto:

a) Si el Plan Parcial o Estudio de Detalle no contiene los documentos establecidos por los preceptos que le sean directamente aplicables.

b) Si el Plan Parcial o Estudio de Detalle no contiene las determinaciones establecidas por los preceptos que le sean directamente aplicables.

c) Si el Plan Parcial o Estudio de Detalle contiene determinaciones contrarias a la Ley o a planes de superior jerarquía.

d) Si la aprobación del Plan Parcial o Estudio de Detalle está sometida a requisitos especiales, establecidos legal o reglamentariamente, cuando dichos requisitos no han sido satisfechos.

Artículo 49.- Caducidad.

Artículo 49.- Caducidad.

1. En los procedimientos iniciados de oficio el transcurso del plazo máximo establecido para aprobar definitivamente el instrumento de ordenación o, en su caso, para remitir el documento a la Administración competente para su aprobación definitiva, producirá la caducidad del procedimiento con archivo del expediente y, en su caso, el levantamiento de la suspensión del otorgamiento de licencias, o de la tramitación de los instrumentos de ordenación.

2. A efectos de caducidad, el plazo máximo establecido para tramitar los procedimientos de aprobación de los instrumentos de ordenación comenzará a contarse desde la fecha del acuerdo en que se decida la formulación, revisión o modificación del instrumento a que se refiere el artículo 12 de este Reglamento.

3. Si la remisión del expediente completo por la Administración actuante a la competente para la aprobación definitiva fuese tardía, se procederá a la devolución del mismo en los términos previstos en el artículo 40.4 de este Reglamento.

4. Si el expediente se recibiese dentro del último mes de plazo y contuviese deficiencias documentales o formales que no exijan repetir trámites de participación ciudadana o información pública, se requerirá a la Administración remitente para que en el plazo máximo de veinte días subsane tales deficiencias formales y documentales. Transcurrido dicho plazo o su ampliación, admisible en diez días y por una sola vez, sin que se subsanen tales deficiencias, se producirá la caducidad y procederá la devolución del expediente.

5. En el supuesto previsto en el apartado anterior, cuándo las deficiencias apreciadas obliguen a repetir la participación ciudadana o la información pública, se producirá la caducidad, sin posibilidad de subsanar el trámite omitido, y procederá la devolución del expediente.

Artículo 61.- Iniciativa.

1. La iniciativa para la elaboración de las Directrices de Ordenación corresponderá al Gobierno de Canarias, a propuesta de:

a) La Consejería de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de ordenación del territorio, cuando las Directrices de Ordenación afecten a la competencia de dos o más Consejerías y, en todo caso, para las de carácter general.

b) La Consejería de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente por razón de la materia en los restantes casos.

2. El acuerdo de iniciación del procedimiento fijará los objetivos, plazos y criterios para la elaboración de las Directrices. Asimismo, podrá incluir la medida cautelar de suspensión de la vigencia de los instrumentos de ordenación, así como la suspensión de la tramitación de los instrumentos de ordenación, y/o la suspensión de licencias, en la forma prevista en este Reglamento.

Artículo 62.- Tramitación.

El Consejero del Gobierno de Canarias que hubiera propuesto la iniciativa, impulsará el expediente y cumplimentará los siguientes trámites:

a) Cuando los trabajos de redacción hayan alcanzado un grado suficiente de concreción someterá el avance de las Directrices de Ordenación a participación ciudadana y, simultáneamente, a consulta con las administraciones públicas afectadas.

b) Previo estudio de las alegaciones y propuestas, elevará al Gobierno un texto de Directrices para su consideración y aprobación inicial si procede.

c) Acordada la aprobación inicial, el texto será sometido, a su vez, a información pública y a un nuevo trámite de consulta de las administraciones públicas, y como resultado de este proceso participativo se procederá a la elaboración de un texto final provisional de las Directrices.

d) El texto final provisional se someterá a informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias por el plazo máximo de tres meses, transcurrido el cual se entenderá favorable si no es emitido en plazo.

e) El Gobierno remitirá al Parlamento el texto final provisional para su debate conforme al procedimiento establecido para los programas del Gobierno en el Reglamento de la Cámara.

f) Recibidas las resoluciones aprobadas por el Parlamento, y teniendo en cuenta el contenido de las mismas, el Gobierno elaborará y aprobará el texto final de las Directrices, asegurando la congruencia del conjunto.

g) El Gobierno remitirá al Parlamento un Proyecto de Ley de artículo único, que tendrá como anexo el texto final de las Directrices de Ordenación, para su trámite parlamentario.

Artículo 63.- Competencia.

1. Corresponde a los Cabildos Insulares la iniciativa para la formulación de los Planes Insulares de Ordenación, así como su aprobación inicial y provisional, sin perjuicio de la subrogación regulada en el artículo 66 de este Reglamento.

2. La aprobación definitiva corresponderá, salvo en el supuesto de modificación indicado en el apartado siguiente, al Gobierno de Canarias, a propuesta de las Consejerías competentes en materia de ordenación del territorio y de medio ambiente, previo informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.

3. La aprobación definitiva de la modificación de determinaciones establecidas con el carácter de Normas Directivas, que no afecten a las áreas aptas para usos turísticos y estratégicos, o de Recomendaciones, corresponderá a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, a propuesta del Consejero del Gobierno de Canarias competente en materia de ordenación del territorio y de medio ambiente.

Artículo 64.- Tramitación.

1. Junto con la fase de Avance, salvo que no proceda, se instará el trámite de consulta, al menos, de las siguientes Administraciones Públicas:

a) Departamentos ministeriales de la Administración del Estado que ostenten competencias sectoriales en relación con el contenido del Plan.

b) Consejerías de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias con competencias en materia de ordenación del territorio, de medio ambiente, y de las restantes competencias sectoriales que puedan verse afectadas.

c) Todos los Ayuntamientos de la isla.

2. El Órgano Insular competente acordará la aprobación inicial del documento y su sometimiento a los trámites de información pública, y de nueva consulta a los Ayuntamientos y Departamentos del Gobierno y, sólo cuando sea necesario, de los Departamentos ministeriales. El plazo para evacuar estos trámites será de dos meses. Los informes que sean preceptivos se recabarán simultáneamente, salvo determinación legal en otro sentido, y por igual plazo, en esta fase.

3. Adoptado el acuerdo de aprobación provisional, se remitirá el expediente y la documentación completa, debidamente diligenciada, a la Consejería competente en materia de ordenación del territorio, sometiéndose a informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, que se entenderá favorable si no es emitido en plazo. Evacuado el informe, expreso o tácito, el Consejero competente en materia de ordenación del territorio y el de medio ambiente, si fueran titulares diferentes, propondrán al Gobierno la resolución definitiva del Plan.

Artículo 65.- Plazos.

1. El plazo para evacuar el trámite de participación pública y el de consulta simultánea será de tres meses. Los informes, cuando fueren preceptivos, se regirán por su propia normativa y, en su defecto, deberán evacuarse en el plazo de un mes.

2. El plazo para evacuar el trámite de información pública y los de informe y de nueva consulta simultánea será de dos meses. Este plazo podrá reducirse a un mes en los procedimientos de modificación y, cuando no requiera Avance, en los de revisión parcial, salvo que por Ley sectorial este asignado otro plazo superior de emisión de informe.

3. El plazo máximo para adoptar acuerdo de aprobación provisional y remitir al órgano que aprueba definitivamente, será de 24 meses desde el inicio del procedimiento.

4. El plazo máximo para emisión de informe por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias será de tres meses desde el día siguiente a la completa y correcta presentación del documento en el registro de la Consejería competente en materia de ordenación territorial.

5. El plazo máximo para la adopción de acuerdo sobre la aprobación definitiva será de seis meses, contado desde el día siguiente a su presentación en el citado registro. Transcurrido dicho plazo sin que se adopte acuerdo se entenderá denegado por silencio administrativo.

Artículo 66.- Subrogación.

En caso de inactividad del Cabildo Insular correspondiente en la formulación del Plan Insular de Ordenación, podrá procederse a la subrogación por la Consejería competente en materia de ordenación del territorio, conforme a las siguientes reglas:

a) El Consejero del Gobierno de Canarias competente en materia ordenación del territorio requerirá al Presidente del Cabildo Insular para que resuelva iniciar la formulación del Plan, otorgándole a tal efecto un plazo no inferior a un mes ni superior a tres meses. El requerimiento no podrá ser efectuado dentro de los últimos doce meses de legislatura.

b) Transcurrido el plazo otorgado sin que se haya adoptado la decisión requerida, el Consejero requirente, en sustitución y por cuenta de la Corporación Insular, podrá iniciar el procedimiento, comunicándolo a la Corporación Insular y a la totalidad de los Ayuntamientos de la isla. La Orden departamental por la que se acuerde la subrogación se publicará en el Boletín Oficial de Canarias.

c) La comunicación del acuerdo de subrogación al Cabildo Insular supondrá la imposibilidad de formular o alterar el Plan Insular de Ordenación mientras no culmine el procedimiento subrogado, siendo nulas las actuaciones que en tal sentido se adopten por el órgano sustituido. El plazo máximo de tramitación y resolución por la Administración autonómica no será superior a 18 meses. El transcurso del citado plazo sin adopción de acuerdo expreso determinará la caducidad del procedimiento en los términos regulados en este Reglamento.

d) La aprobación inicial y provisional del Plan Insular corresponderá a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias y no será preceptiva la emisión de informe previo a su sometimiento al Gobierno. El resto de los trámites se llevarán a cabo conforme se dispone en el artículo 64 de este Reglamento, salvo que será consultado, además, el propio Cabildo Insular.

Artículo 67.- Formulación, tramitación y aprobación.

1. La formulación de los instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos corresponde a la Consejería de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de medio ambiente.

2. Los Patronatos Insulares de Espacios Naturales Protegidos, los Cabildos Insulares, el órgano consorcial o gerencial de las Áreas de Gestión Integrada y los Ayuntamientos, en los Espacios Naturales Protegidos sobre los que ejerzan sus competencias, podrán proponer la formulación o alteración de cualquier instrumento de ordenación del Espacio Natural, mediante solicitud acompañada de certificación del acuerdo adoptado por su órgano rector y de un documento base. Cuando la iniciativa sea del Cabildo Insular, se acompañará, además, un informe del correspondiente Patronato Insular de Espacios Naturales Protegidos, que en todo caso deberá ser oído en el trámite de consulta.

3. La tramitación se llevará a cabo conforme se establece en el Título I del presente Reglamento, con la salvedad de que en la tramitación de los Planes Rectores de Uso y Gestión, el plazo para evacuar los informes y las consultas será de dos meses.

4. Se dará trámite de consulta en la fase de Avance, cuando sea preceptiva, y en la fase de información pública, en todo caso, a los Ayuntamientos y Cabildos territorialmente competentes, así como al correspondiente Patronato Insular de Espacios Naturales Protegidos, al Consejo Insular de Aguas y a los Departamentos del Gobierno de Canarias competentes en materia de ordenación territorial y de agricultura y ganadería.

5. No será necesario acuerdo de aprobación provisional, correspondiendo la aprobación definitiva a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias en el plazo máximo de dos años, cuando se trate de Planes Rectores de Uso y Gestión; de dieciocho meses, cuando se trate de Planes Especiales de los Paisajes Protegidos; y un año, cuando se trate de cualquiera de los restantes instrumentos de ordenación, desde el inicio del procedimiento.

Artículo 68.- Competencia y tramitación.

1. La iniciativa para la formulación de los Planes Territoriales Parciales de Ordenación corresponderá a la Consejería de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de ordenación territorial y urbanística, cuando así se asigne expresamente en el Plan Insular, y, en el resto de los casos, al Cabildo Insular.

2. Los Planes Territoriales Especiales de Ordenación, a la Administración competente por razón de la materia, en función del objeto de la ordenación. En caso de inactividad por la Administración autonómica competente, podrán ser formulados por el correspondiente Cabildo Insular, siempre que, transcurridos los plazos establecidos en el Plan Insular para formular, la Presidencia del Cabildo comunique tal intención a la Administración obligada. El transcurso de dos meses desde la efectiva comunicación sin recibir respuesta, facultará al Cabildo Insular para sustituir a la Administración obligada. En supuestos de sustitución, los informes emitidos preceptivamente antes de la aprobación inicial y de la definitiva por la Administración sustituida tendrán carácter vinculante respecto de las determinaciones de su competencia por razón de la materia. Cuando la formulación corresponda a los Cabildos Insulares, en caso de inactividad se aplicarán las reglas de subrogación establecidas en el artículo 60 de este Reglamento.

3. La tramitación se llevará a cabo conforme se establece en el Título I del presente Reglamento, correspondiendo el impulso del procedimiento a la Administración que haya formulado, con la salvedad de que el plazo del trámite de consulta e informe será, como mínimo, de dos meses.

4. Si las determinaciones del plan afectasen a un Espacio Natural Protegido, se requerirá informe del órgano encargado de su gestión. Cuando no estuviese constituido el órgano de gestión, el informe de compatibilidad deberá ser emitido por el correspondiente Cabildo Insular.

5. La aprobación definitiva de los Planes Territoriales de Ordenación corresponderá a:

a) Los Planes Territoriales Parciales, a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.

b) Los Planes Territoriales Especiales que desarrollen determinaciones del Plan Insular de Ordenación, al Cabildo Insular correspondiente.

c) Los Planes Territoriales Especiales de ámbito insular que desarrollen Directrices de Ordenación, a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.

d) Los Planes Territoriales Especiales cuyo ámbito territorial sea inferior al insular y que no desarrollen determinaciones del correspondiente Plan Insular de Ordenación, a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.

e) Cualquier otro Plan Territorial Especial que no se halle comprendido en los supuestos de las letras b), c) y d) anteriores, al Gobierno de Canarias, previo informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, y a propuesta del Consejero competente por razón de la materia.

Artículo 69.- Iniciación.

1. El procedimiento por el que se tramite la aprobación de un Proyecto de Actuación Territorial podrá iniciarse a instancia de cualquier Administración Pública, instándose ante la Consejería del Gobierno competente en materia de ordenación territorial, o a solicitud de un particular. En este último caso, la solicitud se dirigirá al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el área de ordenación del Proyecto, o de afectar a varios, en cualquiera de ellos, que será el que impulse el expediente, sin perjuicio de la intervención de los restantes mediante la emisión de informes en la fase correspondiente. El Ayuntamiento o la Consejería competente en materia de ordenación territorial tendrán, en tales supuestos, la condición de administraciones instructoras del procedimiento.

2. De existir deficiencias en la documentación, dentro de los diez días siguientes a la presentación, se requerirá al interesado o a la Administración promotora su subsanación en el plazo máximo diez días, con advertencia de tenerlo por desistido, sin que pueda iniciarse el cómputo del plazo para resolver.

3. Cuando, siendo de iniciativa particular, afectase a varios Ayuntamientos, aquél en que se presente la petición comunicará tal circunstancia a los restantes ayuntamientos afectados dentro de los cinco días siguientes a la presentación del documento o, en su caso, de la subsanación presentada, acompañando copia del documento aportado por el solicitante, al objeto de que en un plazo máximo de diez días manifiesten sí, conforme a su planeamiento, existen causas legales que impidan admitir a trámite la solicitud. Tal trámite será preceptivo también en aquellos suelos sobre los que existan conflictos no resueltos sobre la delimitación del término municipal.

4. Si el Ayuntamiento que instruye, o algún otro de los afectados, manifiesta de forma motivada razones de legalidad, o de oportunidad y conveniencia suficientemente justificadas basadas en el modelo territorial, la política urbanística de la Corporación o en causas socioeconómicas, que impidan admitir a trámite el Proyecto de Actuación Territorial solicitado, se procederá, sin más actuaciones, a dictar resolución de inadmisión de la solicitud, ordenando el archivo de las actuaciones.

5. El Ayuntamiento, si se tratase de una actuación de iniciativa privada, una vez admitida a trámite, solicitará informes previos de la Consejería de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias responsable de la ordenación territorial y urbanística, y de la competente por razón de la materia, en este último caso, especialmente respecto al interés general de la implantación y su compatibilidad con los objetivos de política sectorial aplicables. De este último informe se remitirá, por el Departamento que lo emita, copia a la Consejería competente en materia de ordenación territorial para su sometimiento, junto al que le corresponde emitir, al Gobierno. Tales informes deberán emitirse en el plazo de un mes, entendiéndose favorables a la actuación pretendida en caso contrario. La recepción, ante el órgano competente, de la petición de tales informes suspenderá el cómputo de los plazos de resolución.

6. Si fuese de iniciativa pública, la Consejería competente en materia de ordenación territorial instará informe del o de los Ayuntamientos en los que se pretenda actuar así como de la Consejería competente por razón de la materia, por igual plazo y con el mismo efecto que en el supuesto de iniciativa privada.

7. Emitidos los informes, o transcurrido el plazo conferido para ello, la Consejería competente en materia de ordenación territorial elevará el expediente al Gobierno de Canarias, con la solicitud de que emita, si procede, la declaración de interés general de la actividad proyectada. La referida solicitud y remisión del expediente a la Secretaría General Técnica mantendrá suspendido el plazo para resolver, cuyo cómputo se reanudará cuando se comunique en legal forma a la Administración instructora la resolución adoptada por el Gobierno.

Artículo 70.- Contenido de la declaración de interés general.

1. Cuando el Proyecto de Actuación Territorial tenga por objeto la implantación de actividades turísticas, el Gobierno procederá, con carácter previo a la declaración de interés general, a su comunicación al Parlamento de Canarias para su debate conforme a las previsiones de su Reglamento, manteniéndose la suspensión de la tramitación del procedimiento.

2. Si el Gobierno de Canarias declarara el interés general del Proyecto de Actuación Territorial solicitado, el acuerdo deberá incluir en su contenido un pronunciamiento expreso sobre, al menos, las siguientes cuestiones:

a) La necesidad de la implantación en suelo rústico de la actividad proyectada.

b) La compatibilidad de la actuación con los objetivos de las políticas sectoriales aplicables.

c) El establecimiento de las condiciones que se estimen necesarias para la aprobación de la actividad proyectada.

3. El Gobierno de Canarias podrá acordar, junto con la declaración de interés general, el aumento de la garantía a prestar por el promotor privado ante el Tesoro de la Comunidad Autónoma para cubrir en su caso los gastos que pudieran derivarse de los incumplimientos o infracciones o de las labores de restauración de los terrenos, al veinte por ciento del coste total de las obras a realizar cuando el Proyecto tenga por objeto la implantación de actividades clasificadas o sometidas a Autorización Ambiental Integrada; cuando los gastos de restauración paisajística supongan un porcentaje elevado del total del presupuesto de la obra, o por cualquier otro motivo debidamente justificado.

4. La declaración de interés general en los procedimientos de iniciativa pública podrá conllevar, cuando el propio acuerdo de declaración lo justifique expresamente, la incoación y simultánea tramitación del procedimiento de suspensión de los instrumentos de planeamiento, y con los mismos efectos, prevista en el artículo 47 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

5. Si la resolución del Gobierno fuere negativa a la declaración de interés general, la Administración instructora procederá, sin más trámite, a denegar la tramitación del Proyecto de Actuación Territorial con archivo del expediente.

Artículo 71.- Tramitación.

1. Declarado el interés general del Proyecto, la Administración instructora acordará su aprobación inicial en el plazo de veinte días a contar desde que se reciba la comunicación del Gobierno de Canarias. El acuerdo de aprobación inicial o, en su caso, el transcurso de los veinte días antes citado, dará lugar a la reanudación del cómputo de los plazos establecidos para dictar resolución.

2. En el supuesto de que se trate de un Proyecto de Actuación Territorial de iniciativa privada para actividades cuya implantación o desarrollo no requieran concesión administrativa alguna, el Ayuntamiento actuante aprobará, además, mediante dispositivo diferenciado, el pliego de condiciones de un concurso público para la consideración de posibles alternativas de localización y se dispondrá el anuncio de la convocatoria. Dicho concurso no será exigible cuando el Proyecto tenga por objeto la rehabilitación, modificación o ampliación de edificaciones o instalaciones ya implantadas, aunque se hallen fuera de ordenación.

3. Tras la aprobación inicial, y por el plazo de un mes, se someterán conjuntamente a información pública el Proyecto presentado y el Estudio que exija la normativa de evaluación de impacto ambiental, y se dará audiencia a los propietarios y colindantes del suelo afectado.

4. Simultáneamente, y por el mismo plazo, se evacuará consulta, salvo que se trate de la Administración actuante, a las siguientes Administraciones:

a) Al Cabildo Insular correspondiente en cuanto al ejercicio de sus competencias.

b) Cuando el área de ordenación del Proyecto de Actuación Territorial se ubique, total o parcialmente, en un Espacio Natural Protegido, al órgano gestor del Espacio Natural Protegido, sobre la compatibilidad de la actividad a legitimar a través del Proyecto de Actuación Territorial con la finalidad y objetivos de protección de dicho Espacio.

c) Al Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados respecto a su compatibilidad con el planeamiento urbanístico, en el que se hará constar al menos los siguientes aspectos:

1) Los instrumentos de ordenación a que está sujeto el suelo.

2) La categorización del suelo y los usos permitidos.

3) Las determinaciones vigentes en virtud de la normativa municipal de actividades clasificadas como distancias, emplazamientos y demás circunstancias relevantes, si le fuera aplicable.

4) Si el proyecto pretendido está o no específicamente prohibido por el planeamiento.

5. Tras los trámites de información pública, consulta e informe y, si procediese, concurso, en el plazo máximo de 20 días, la Administración instructora elevará el expediente para su aprobación con un informe sobre las alegaciones presentadas y una propuesta de resolución tanto del proyecto como, en su caso, del concurso.

Artículo 72.- Aprobación definitiva.

1. La aprobación definitiva de los Proyectos de Actuación Territorial corresponde a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, y deberá resolverse en el plazo máximo de dos meses desde la remisión del expediente por la Administración instructora. En el supuesto regulado en el artículo 70.4 de este reglamento, el acuerdo de la Comisión, requerirá la previa suspensión del planeamiento en vigor, conforme al procedimiento previsto en el artículo 23 de este reglamento.

2. De estimarse su procedencia, el acuerdo deberá contener, como mínimo, un pronunciamiento expreso sobre las siguientes cuestiones:

a) En primer lugar, la elección, de ser el caso, del Proyecto de Actuación Territorial más idóneo de los alternativos presentados en competencia al concurso público.

b) Sometimiento o no a plazo de vigencia de la calificación urbanística de los terrenos y el aprovechamiento que de ella se deriva.

c) Pronunciamiento sobre los compromisos, deberes y cesiones, previstos por la legislación o el planeamiento o, en su caso contraídos por el promotor, incluido el pago del canon referido en el artículo 62.3 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, a favor del Ayuntamiento cuando así esté establecido, y garantía a prestar ante el Tesoro de la Comunidad Autónoma para cubrir en su caso los gastos que pudieran derivarse de los incumplimientos o infracciones o de las labores de restauración de los terrenos, por el importe del diez por ciento del presupuesto de ejecución del proyecto, o del veinte por ciento en caso de que así se haya acordado por el Gobierno de Canarias en la declaración de interés general del Proyecto.

d) Determinación de la forma de ejecución, conforme a las siguientes reglas:

1) Si se trata de una actuación pública de implantación de dotaciones o equipamientos, se realizará preferentemente mediante obras públicas ordinarias, conforme a lo previsto en el artículo 145 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

2) Si el Proyecto es de iniciativa privada y el concurso referido en el artículo 71.2 anterior tuviere como consecuencia la adjudicación a un Proyecto diferente del presentado por el promotor inicial, la resolución por la que se apruebe en definitiva el Proyecto establecerá su ejecución por las mismas reglas que regulan el sistema de ejecución empresarial, atribuyendo al beneficiario del concurso la ejecución del mismo, conforme se determina en los artículos 117 y siguientes del citado Texto Refundido y en el Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias.

3) Si el señalado concurso no tiene como consecuencia la selección de otro Proyecto diferente al presentado por el promotor, la resolución aprobatoria establecerá su ejecución por las mismas reglas que regulan el sistema de concierto, conforme a lo previsto en el artículo 107 y siguientes del reiterado Texto Refundido y en el Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias.

e) Declaración de Impacto Ambiental, con el contenido que establezca la normativa aplicable.

3. El acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias se comunicará al Registro de la Propiedad para la práctica de la anotación o inscripción que proceda, y se publicará en la forma prescrita en el artículo 10 de este Reglamento.

4. La aprobación definitiva conlleva la atribución del aprovechamiento urbanístico que resulte del Proyecto de Actuación Territorial y la legitimación de la implantación de los correspondientes usos y actividades y de la ejecución de las obras e instalaciones precisas, sin perjuicio de la necesidad de obtención de las autorizaciones sectoriales pertinentes y la correspondiente licencia municipal.

5. La aprobación del Proyecto de Actuación Territorial se entenderá denegada transcurrido el plazo de cuatro meses desde la solicitud.

Artículo 73.- Caducidad.

1. La eficacia del Proyecto de Actuación Territorial y el derecho al aprovechamiento urbanístico derivado del mismo caducarán en los siguientes supuestos:

a) De forma automática, por el transcurso de un año desde su otorgamiento sin haberse solicitado la preceptiva licencia municipal o autorización sectorial pertinente. La Administración competente denegará, sin más trámite, la licencia o la autorización sectorial que se inste al amparo de Proyecto de Actuación Territorial caducado, entendiéndose su otorgamiento, en todo caso, nulo de conformidad con el artículo 170.4 del Texto Refundido.

b) Por no iniciar o no terminar las obras precisas para la ejecución dentro, respectivamente, de los dos y cuatro años siguientes al otorgamiento de la licencia, o de los plazos inferiores que expresamente se hayan fijado en ésta.

c) Por el transcurso del plazo señalado en la aprobación definitiva y, en su caso, de la prórroga que se haya concedido.

2. La caducidad, salvo en el supuesto del apartado a) del número anterior, habrá de ser declarada expresamente por el órgano que haya otorgado la aprobación definitiva y publicada en debida forma, con los siguientes efectos:

a) El promotor deberá reponer los terrenos al estado que tuvieren antes del inicio de la actuación y perderá, en su caso, la garantía constituida.

b) Los titulares de los terrenos que hubieren sido objeto de expropiación para la ejecución de la actuación podrán ejercitar el derecho de reversión.

c) El terreno recuperará la clasificación y calificación vigente al inicio del procedimiento del Proyecto de Actuación Territorial, suprimiéndose cualquier aprovechamiento urbanístico que mediante tal instrumento se hubiera atribuido a los terrenos.

Artículo 74.- Fase municipal.

1. Se iniciará el procedimiento de Calificación Territorial mediante solicitud formulada por titular de derecho subjetivo suficiente sobre el terreno correspondiente, presentada en el Ayuntamiento en cuyo término municipal se localice el proyecto de edificación o uso que se solicita. Si afecta a más de un municipio, la solicitud podrá dirigirse a cualquiera de los Ayuntamientos. En este último caso, será de aplicación la regulación contenida en el apartado 3 del artículo 69 de este Reglamento.

2. El Ayuntamiento, dentro de los quince días siguientes a la recepción de la documentación podrá requerir al promotor para que subsane las omisiones o deficiencias de la documentación con advertencia de tenerlo por desistido.

3. Si el otorgamiento de licencias o la tramitación de instrumentos de ordenación en el ámbito territorial afectado por la Calificación Territorial se encuentra suspendida, de conformidad con lo previsto en este Reglamento, el Ayuntamiento resolverá la suspensión del procedimiento, comunicándolo al promotor de la forma prevista.

4. En otro caso, una vez cumplimentada la documentación y, en el plazo máximo de un mes, el Ayuntamiento emitirá informe que, junto con la documentación presentada por el promotor, se remitirá al Cabildo Insular correspondiente. Si la actuación afectara a más de un municipio, el Cabildo Insular solicitará informe al resto de los Ayuntamientos.

5. El informe municipal hará referencia a los siguientes extremos:

a) Clase y categoría del suelo, así como adecuación de las actuaciones previstas a la normativa urbanística aplicable.

b) En el supuesto de que la actuación afecte a construcciones ya existentes, la indicación de si se encuentran o no en situación de fuera de ordenación.

c) Incidencia del proyecto en elementos del patrimonio cultural inventariado o catalogado.

d) El sentido del informe.

6. Si en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la presentación ante el Ayuntamiento, o desde que se subsanaren las deficiencias u omisiones, no se hubiere emitido informe y remitido el expediente al Cabildo Insular correspondiente, se entenderá que el mismo es favorable y podrá el promotor instar directamente la solicitud ante el Cabildo Insular.

Artículo 75.- Fase insular.

1. Recibido el expediente por el Cabildo Insular, en los quince días siguientes a la recepción de la documentación, podrá requerir al promotor para que subsane las omisiones o deficiencias de la documentación con advertencia de tenerlo por desistido.

2. Si la documentación fuese adecuada o, en su caso, desde que se aporte la subsanación, se procederá a consultar a las Administraciones que correspondan en función de la actuación de que se trate, por el plazo de un mes, sin perjuicio de la solicitud de los informes que legalmente procedan. Serán en todo caso preceptivas las consultas a las Consejerías de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competentes en materia de ordenación territorial, de medio ambiente y de agricultura y ganadería.

3. Simultáneamente y por el mismo plazo de tiempo se someterá el expediente a información pública en los siguientes casos:

a) Naves o almacenes agrícolas.

b) Estanques y balsas con capacidad superior a quinientos metros cúbicos.

c) Granjas o criaderos de animales.

d) Actividades extractivas.

e) Apertura de nuevos caminos, carreteras o accesos rodados y nueva pavimentación de los existentes.

f) Estaciones de servicio en carreteras.

g) Vertederos de residuos inertes.

h) Plantas de transferencia.

i) Puntos limpios.

j) Desaladoras, desalinizadoras y potabilizadoras.

k) Aerogeneradores aislados o integrados en parques eólicos e instalaciones energéticas extensivas como parques solares u otros.

l) Infraestructuras de transporte de energía eléctrica.

m) Instalaciones de telecomunicaciones, tales como antenas y repetidores.

n) Plantas de compostaje.

o) Las contempladas en los apartados a), b) y c) del artículo 67.5 del Texto Refundido.

p) En todo caso, cuando sea así preceptivo por estar el proyecto sujeto a Evaluación de Impacto Ambiental, o por tratarse de Actividades Clasificadas.

4. La resolución de la Calificación Territorial se adoptará en el plazo máximo de seis meses, si el expediente requiere información pública, o, en otro caso, cuatro meses a partir de la entrada de la documentación en el registro del Cabildo Insular correspondiente, o desde la subsanación de las deficiencias de la documentación aportada, transcurrido el cual se entenderá desestimada.

5. El acuerdo o resolución sobre la aprobación definitiva, que contemplará el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las letras c), d) y, en su caso, e), del artículo 25 del Texto Refundido, integrará la Declaración de Impacto Ambiental en los supuestos en los que la misma sea exigible de acuerdo a la legislación aplicable.

6. El acuerdo o resolución sobre la aprobación definitiva deberá ser notificado al promotor y caducará en los mismos casos y plazos previstos en el artículo 73 de este Reglamento.

Artículo 76.- Normas Técnicas del Planeamiento Urbanístico.

Las Normas Técnicas del Planeamiento Urbanístico se tramitarán por la Consejería competente en materia de ordenación del territorio, a la que corresponderá su aprobación inicial. Junto a la información pública, se someterá a consulta de los Cabildos insulares y Ayuntamientos y de las organizaciones sociales, empresariales, sindicales y profesionales más vinculadas a la materia. Agotados dichos trámites, se elevará al Gobierno para su aprobación por Decreto, previo informe por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.

Artículo 77.- Instrucciones Técnicas del Planeamiento Urbanístico.

Las Instrucciones Técnicas del Planeamiento Urbanístico se tramitarán por la Consejería competente en materia de ordenación del territorio, a la que corresponderá su aprobación inicial y definitiva. Junto a la información pública, se someterá a consulta de los Cabildos insulares y Ayuntamientos y de las organizaciones sociales, empresariales, sindicales y profesionales más vinculadas a la materia. Agotados dichos trámites, se procederá a su aprobación definitiva por el Consejero competente en materia de ordenación territorial, previo informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.

Artículo 78.- Procedimiento de aprobación.

1. Corresponde al Ayuntamiento la formulación del Plan General de Ordenación, sin perjuicio de los supuestos de tramitación por subrogación.

2. La formulación de los Planes Generales de Ordenación se llevará a cabo, conforme se establece en el Título Primero de este Reglamento, con las especialidades que se establecen en este artículo.

3. La fase de Avance, se expondrá al público en la forma prescrita, y se someterá a consulta, al menos, de las siguientes Administraciones públicas:

a) Los departamentos ministeriales de la Administración del Estado que ostenten competencias sectoriales. La consulta podrá realizarse a través de la Delegación del Gobierno.

b) Las Consejerías de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias que sean competentes en materia de ordenación del territorio, en medio ambiente y aquellas que puedan tener competencias sectoriales en virtud de su legislación específica.

c) El Cabildo Insular deberá pronunciarse sobre la acomodación del Avance a las previsiones del Plan Insular de Ordenación así como respecto al resto de las competencias sectoriales que ejerce.

d) En los supuestos de ordenación de suelos colindantes con otros municipios o de actividades susceptibles de incidir en ellos, a los Ayuntamientos limítrofes.

4. Cuando el Cabildo Insular se pronuncie desfavorablemente, deberá especificar los aspectos en que la ordenación prevista difiere de las determinaciones del Plan Insular con objeto de que se proceda a las correcciones que sean precisas antes de la aprobación inicial, sin perjuicio de que se pueda llevar a cabo el procedimiento de resolución de discrepancias señalado en este Reglamento.

5. Acordada la aprobación inicial, el Plan General de Ordenación se someterá a información pública y simultáneamente, cuando se alterasen sustancialmente las determinaciones que les pudiesen afectar, se repetirá la consulta a las Administraciones ya consultadas y que posteriormente no tuvieran que informar o resolver definitivamente.

6. Acordada la aprobación provisional, se remitirá la documentación a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, que recabará los informes administrativos correspondientes, en especial, el del Cabildo Insular que, de no emitirse en el plazo de tres meses se entenderá favorable.

7. Cuando se detecte que el documento no se acomoda al Plan Insular, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias requerirá del Ayuntamiento la necesaria adecuación del Plan, con suspensión del plazo para resolver.

8. La petición de informes sectoriales preceptivos establecidos por la legislación estatal determinará la suspensión de los plazos establecidos para que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias apruebe definitivamente.

9. Cuando la aprobación definitiva corresponda al propio Ayuntamiento, tras el trámite de información pública se remitirá el expediente completo y la documentación del Plan a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias y al Cabildo Insular correspondiente para informe, que deberá emitirse en el plazo de tres meses desde la recepción de la documentación completa, entendiéndose favorable en caso contrario.

Artículo 79.- Aprobación definitiva.

La aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación corresponderá:

a) Al propio Ayuntamiento, previo informe favorable de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, cuando se trate de modificaciones limitadas a la ordenación urbanística pormenorizada.

b) A la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en todos los restantes casos, previo informe del Cabildo Insular correspondiente respecto a su acomodación a las prescripciones del Plan Insular de Ordenación. Cuando este informe sea negativo, será tenido en cuenta por la citada Comisión para requerir del Ayuntamiento la adaptación del Plan en trámite antes de ser aprobado.

Artículo 80.- Plazos.

1. En los procedimientos de formulación o revisión de los Planes Generales de Ordenación, el plazo para evacuar los trámites de consulta e informe será de tres meses. En las modificaciones puntuales, los plazos se limitarán a uno y dos meses, según se trate de consulta o informe, respectivamente.

2. El plazo máximo para la adopción de acuerdo sobre la aprobación definitiva será de cuatro meses, contado desde el día siguiente a la remisión del expediente completo a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. Transcurrido dicho plazo sin que se adopte el referido acuerdo se entenderá que el Plan General ha sido denegado por silencio administrativo.

Artículo 12. Competencias de ordenación de los recursos naturales y del territorio.

Las Administraciones de la Comunidad Autónoma y de las Islas participarán en la ordenación de los recursos naturales y, en particular, del territorio a través de los instrumentos previstos en este Texto Refundido.

Artículo 13. Ejercicio de las competencias con relevancia territorial de las Administraciones autonómica e insular.

Las Administraciones de la Comunidad Autónoma y las Islas cooperarán entre sí en el ejercicio de sus competencias con relevancia territorial y de acuerdo con las políticas medioambiental y regional de la Administración General del Estado y de la Unión Europea.

Artículo 14. Instrumentos de ordenación de los recursos naturales y el territorio.

1. Son instrumentos de ordenación general de los recursos naturales y del territorio: a) Las Directrices de Ordenación. b) Los Planes Insulares de Ordenación. 2. Son instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos los Planes y Normas de los mismos. 3. Son instrumentos de ordenación territorial: a) Los Planes Territoriales de Ordenación. b) Los Proyectos de Actuación Territorial. c) Las Calificaciones Territoriales. 4. Los Planes y Normas de los Espacios Naturales Protegidos, así como los instrumentos de ordenación territorial deberán ajustarse a las determinaciones de las Directrices de Ordenación y a los Planes Insulares de Ordenación. Los Planes Territoriales Especiales deberán ajustarse a las determinaciones de las Directrices de Ordenación y, en cuanto a la ordenación de los recursos naturales, a los Planes Insulares de Ordenación. 5. Reglamentariamente se desarrollarán el objeto, determinaciones y contenido documental de los instrumentos previstos en este artículo, estableciéndose los que estén sujetos a la previa redacción de avances de planeamiento. 6. Durante su formulación y tramitación, podrá acordarse la suspensión de los procedimientos de aprobación de cualesquiera instrumentos de ordenación previstos en este Texto Refundido, de ámbito igual o inferior, y del otorgamiento de licencias urbanísticas. A tal efecto, los órganos competentes para la aprobación inicial y provisional de los instrumentos de ordenación de los recursos naturales y del territorio, podrán acordar la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición para áreas o usos determinados, con el fin de estudiar su formación o modificación. Igualmente podrán acordar la suspensión de la tramitación del planeamiento que desarrolle cada uno de ellos. Dicho acuerdo habrá de publicarse en el Boletín Oficial de Canarias, y en uno de los diarios de mayor difusión. El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de ordenación determinará, por sí solo, la suspensión del otorgamiento de licencias en aquellas áreas del territorio objeto del planeamiento cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente, debiéndose señalar expresamente las áreas afectadas por la suspensión. La suspensión se extinguirá, en todo caso, en el plazo de un año. Si se hubiera producido dentro de ese plazo el acuerdo de aprobación inicial, la suspensión se mantendrá para las áreas cuyas nuevas determinaciones de planeamiento supongan modificación de la ordenación urbanística y sus efectos se extinguirán definitivamente transcurridos dos años desde el acuerdo de suspensión adoptado para estudiar el planeamiento o su reforma. Si la aprobación inicial se produce una vez transcurrido el plazo del año, la suspensión derivada de esta aprobación inicial tendrá la duración máxima de un año. Si con anterioridad al acuerdo de aprobación inicial no se hubiese suspendido el otorgamiento de licencia, la suspensión determinada por dicha aprobación inicial tendrá una duración máxima de dos años. En cualquier caso, la suspensión se extingue con la aprobación definitiva del planeamiento.

Artículo 15. Directrices de Ordenación: objeto, clases y determinaciones.

1. Las Directrices de Ordenación constituyen el instrumento de planeamiento propio del Gobierno de Canarias que integra la ordenación de los recursos naturales y del territorio. 2. Las Directrices de Ordenación tendrán por objeto: a) Articular las actuaciones tendentes a garantizar el desarrollo sostenible de Canarias. b) Definir los criterios de carácter básico de ordenación y gestión de uno o varios recursos naturales. c) Fijar los objetivos y estándares generales de las actuaciones y actividades con relevancia territorial de acuerdo con la legislación sectorial que corresponda. d) Establecer estrategias de acción territorial para la definición del modelo territorial básico de Canarias. e) Articular las actuaciones sobre la base del equilibrio interterritorial y la complementariedad de los instrumentos que conforman el sistema de ordenación territorial. 3. Las Directrices de Ordenación podrán referirse también a uno o a varios ámbitos de la actividad social o económica. 4. Las Directrices de Ordenación establecerán las determinaciones precisas para el cumplimiento de su objeto, con precisión de las que tengan el carácter de: a) Normas de aplicación directa, que serán de inmediato y obligado cumplimiento por las Administraciones y los particulares. b) Normas directivas de obligado cumplimiento por la Administración y los particulares, cuya aplicación requiere su previo desarrollo por el pertinente instrumento de ordenación de los recursos naturales, territorial o urbanística o, en su caso, disposición administrativa. c) Recomendaciones, que tendrán carácter orientativo para las Administraciones y los particulares y que cuando no sean asumidas deberán ser objeto de expresa justificación.

Artículo 16. Directrices de Ordenación: procedimiento.

1. La iniciativa para la elaboración de las Directrices de Ordenación corresponderá al Consejo de Gobierno a propuesta de: a) La Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanismo, cuando afecten a la competencia de dos o más Consejerías y, en todo caso, las de carácter general; y b) La Consejería competente por razón de la materia en los restantes casos. El acuerdo de iniciación del procedimiento fijará los objetivos, plazos y criterios para la elaboración de las Directrices. 2. Corresponde al Consejero que hubiera tomado la iniciativa, cuando los trabajos de redacción hayan alcanzado un grado suficiente de concreción, someter un avance de Directrices a un trámite de información ciudadana y simultáneamente a otro de consulta con las administraciones públicas afectadas, de conformidad con las previsiones del artículo 11.2 de esta Ley. 3. La Consejería elaboradora del avance, previo estudio de las alegaciones y propuestas, propondrá al Gobierno un texto de Directrices para su consideración y aprobación inicial si procede. 4. El texto aprobado inicialmente será sometido, a su vez, a información pública y a consulta de las administraciones públicas y como resultado de este proceso participativo se procederá a la elaboración de un texto final provisional de las Directrices, que se someterá a informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. 5. El Gobierno remitirá al Parlamento, el texto final provisional, para su debate conforme al procedimiento establecido para los programas del Gobierno en el Reglamento de la Cámara. 6. El Gobierno procederá a la elaboración y aprobación del texto final de las Directrices, teniendo en cuenta en su redacción el contenido de las resoluciones aprobadas por el Parlamento en el debate a que se refiere el párrafo anterior sobre el contenido del texto provisional final de las Directrices, de forma que se asegure la congruencia del conjunto del instrumento de ordenación. 7. El Gobierno remitirá finalmente al Parlamento, para su trámite reglamentario un Proyecto de Ley de artículo único, que deberá acompañar como anexo el texto final de las Directrices de Ordenación.

Artículo 17. Planes Insulares de Ordenación: concepto y determinaciones.

Los Planes Insulares son instrumentos de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística de la isla y definen el modelo de organización y utilización del territorio para garantizar su desarrollo sostenible. Tienen carácter vinculante en los términos establecidos en este Texto Refundido para los instrumentos de ordenación de espacios naturales y territorial de ámbito inferior al insular y para los planes de ordenación urbanística. Sus determinaciones se establecen: a) En el marco de las Directrices de Ordenación, favoreciendo la complementariedad de todos los Planes Insulares entre sí, la articulación de las distintas políticas y actuaciones con incidencia territorial, la mejor distribución de los usos e implantación de las infraestructuras y la necesaria protección de los recursos naturales, el ambiente y los bienes culturales. b) Teniendo en cuenta la realidad global de la isla, especialmente las características socioeconómicas de su territorio y población, en relación con las posibilidades y programas de actuación del sector público y las posibles acciones del privado.

Artículo 18. Planes Insulares de Ordenación: contenido necesario.

1. Los Planes Insulares contendrán al menos las determinaciones exigidas por la legislación vigente para los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y, en particular, las necesarias para garantizar la conservación de los recursos naturales, entendiendo por conservación la preservación o utilización ordenada, en su caso, con base al criterio de desarrollo sostenible. En particular deberán incluir: a) Una descripción y evaluación detalladas de los recursos naturales, su estado de conservación y previsible evolución futura. b) Criterios de aplicación en la ordenación de recursos y concretamente: 1) Limitaciones de uso en función de la singularidad de los ecosistemas y de su estado de conservación y, en particular, señalamiento de las áreas del territorio que deban ser excluidas de los procesos de urbanización y, en su caso, de edificación por sus características naturales, su trascendencia para el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, para la preservación de la diversidad genética y de la variedad, singularidad o belleza de los ecosistemas y del paisaje. 2) Directrices o criterios básicos para la gestión de los Espacios Naturales Protegidos y también de las especies de flora y fauna amenazadas o en peligro, según los criterios internacionalmente admitidos, estableciendo o proponiendo en su caso, según la legislación sectorial aplicable, los regímenes de protección que procedan. 3) Criterios para la defensa y mejora del ambiente natural y establecimiento de prohibiciones a las Administraciones canarias y a los particulares derivadas de esos criterios. 4) Criterios para la conservación o mejora del patrimonio histórico incorporando, en su caso, las medidas necesarias de protección e intervención previstas en las leyes sectoriales correspondientes. 5) Criterios complementarios de referencia orientadores de la formulación y ejecución de las políticas sectoriales que inciden en el territorio, dentro del marco establecido por las Directrices de Ordenación. 6) Criterios para la defensa, mejora y ordenación del espacio litoral y espacios naturales marinos, incluyendo un listado de actividades susceptibles de desarrollarse en los mismos y en su entorno y, en su caso, las medidas específicas que deban ser tomadas por la Administración competente. 7) Criterios para el reconocimiento y ordenación de los asentamientos rurales y agrícolas. 2. Los Planes Insulares establecerán normas o criterios de coordinación administrativa de ámbito insular en los sectores de actividad económica y social de relevancia territorial, fijando criterios para la sectorización de los suelos urbanizables turísticos. Así mismo podrán definir las áreas de gestión integrada que abarquen a uno o varios espacios protegidos, a que se refiere el artículo 140 del presente Texto Refundido. 3. Los Planes Insulares habrán de establecer las áreas del territorio insular que deban preservarse del desarrollo urbanístico por su valor agrícola existente o potencial. 4. Los Planes Insulares habrán de definir el modelo de ordenación territorial que se propugna para la isla y hacia cuya consecución deberán dirigirse coordinadamente las actuaciones públicas y privadas. A estos efectos establecerán, al menos, las siguientes determinaciones: a) La estructura y localización de las infraestructuras, los equipamientos y las dotaciones e instalaciones de servicios públicos de relevancia e interés social para la isla. b) El esquema de distribución y priorización de los usos y actividades estructurantes del territorio insular, con expresa localización y regulación ordenada de las actividades relevantes para el desarrollo económico y social autonómico o insular y, específicamente, criterios para la delimitación en los instrumentos urbanísticos de ámbito municipal de las siguientes zonas del territorio: 1) Las que deban preservarse del proceso urbanizador y, en su caso, edificatorio, porque su transformación sería incompatible con el desarrollo sostenible de la isla. 2) Las que deban destinarse a usos del sector primario, en especial los forestales, agrarios o extractivos. 3) Las aptas para el desarrollo de nuevos espacios turísticos, determinando si procede las condiciones que limiten el incremento de capacidad, reservando a los Planes Generales la delimitación de los sectores urbanizables turísticos. 5. Los Planes Insulares podrán establecer áreas del territorio insular en las que no se deban permitir nuevos crecimientos turísticos, por ser incompatibles con el principio de desarrollo sostenible o tener el carácter de zonas saturadas por exceder la oferta existente a la demanda previsible. También podrán establecer límites de ámbito insular a la autorización de nuevos alojamientos turísticos dentro de un modelo insular equilibrado. Asimismo, los Planes Insulares podrán contener previsiones suficientes para aquellas zonas turísticas en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Tratarse de una zona o un núcleo a rehabilitar, declarada de conformidad con lo establecido en la legislación turística. b) Ser zona mixta, donde la presencia de edificaciones turísticas pueda producir, junto con otras residenciales o industriales, efectos que pongan en peligro la calidad turística de la zona. c) Ser zonas insuficientemente dotadas, por no corresponderse las infraestructuras, equipamientos y servicios con que cuenten con el número de camas turísticas. 6. Los Planes Insulares, al establecer las determinaciones previstas en el número anterior, efectuarán la distinción a que se refiere el número 4 del artículo 15. Tendrán, en todo caso, el carácter de normas de aplicación directa las previstas en los anteriores números 4 y 5 y las determinaciones de calificación que afecten al suelo rústico.

Artículo 19. Planes Insulares de Ordenación: contenido facultativo.

Los Planes Insulares de Ordenación podrán establecer, para asegurar la efectividad de las que integran su contenido necesario, algunas o todas las determinaciones siguientes para: a) Establecer las áreas aptas para implantar actividades relevantes para el desarrollo social y económico insular y autonómico, dentro de las cuales el planeamiento general delimitará los sectores de suelo urbanizable estratégico. b) Reclasificar como suelo rústico los terrenos que tengan la clasificación de suelo urbanizable cuando así lo exija el desarrollo sostenible de los recursos naturales o el modelo territorial. c) Atribuir nueva categoría al suelo rústico clasificado por un instrumento de planeamiento en vigor.

Artículo 20. Planes Insulares de Ordenación: procedimiento.

1. Los Planes Insulares de Ordenación se formularán por el Cabildo correspondiente o, en caso de inactividad de éste y previos los trámites que se establezcan reglamentariamente, por la Consejería del Gobierno competente en materia de ordenación territorial. 2. Cuando la elaboración del Plan haya alcanzado suficiente grado de desarrollo para permitir la formulación de criterios generales y objetivos, el organismo redactor lo someterá a información pública, a la vez que a informe de los Ayuntamientos de la Isla, a los diferentes Departamentos del Gobierno de Canarias y, en el caso de que la formulación de acuerdo a lo previsto en el número anterior no se realizara por el Cabildo, deberá someterse también a informe de éste. El procedimiento y plazos de la información pública y de la solicitud y emisión de los informes, y los efectos derivados del incumplimiento de esos plazos se fijarán reglamentariamente. 3. A efectos de finalizar la elaboración del Plan, el organismo competente considerará las sugerencias de la participación ciudadana y de los informes. Finalizados los trabajos de redacción del Plan, el organismo redactor procederá a su aprobación inicial y lo someterá a información pública y a consulta a los Ayuntamientos de la isla, a los Departamentos del Gobierno y al Cabildo, en su caso. 4. La aprobación definitiva corresponderá al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, a propuesta del consejero o los consejeros competentes en materia medioambiental y de ordenación territorial, previo informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, salvo cuando el procedimiento tenga por objeto exclusivamente la modificación de determinaciones establecidas con el carácter de normas directivas o de recomendaciones, en cuyo caso corresponderá a esta última Comisión, a propuesta del referido consejero o consejeros. Quedan excluidas las modificaciones que afecten a normas directivas sobre las áreas aptas para usos turísticos y estratégicos, que deberán aprobarse por el Consejo de Gobierno.

Artículo 21. Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos.

1. El planeamiento de los Espacios Naturales Protegidos, que incluirá los usos del territorio en toda su extensión, podrá adoptar la forma de: a) Planes Rectores de Uso y Gestión de Parques Nacionales, Naturales y Rurales. b) Planes Directores de Reservas Naturales integrales y especiales. c) Planes Especiales de los Paisajes Protegidos. d) Normas de Conservación de Monumentos Naturales y Sitios de Interés Científico. 2. La elaboración y contenido de los Planes Rectores de Uso y Gestión de los Parques Nacionales se regirán por su normativa específica.

Artículo 22. Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos: contenido y determinaciones.

1. Los Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos deberán establecer, sobre la totalidad de su ámbito territorial, las determinaciones necesarias para definir la ordenación pormenorizada completa del espacio, con el grado de detalle suficiente para legitimar los actos de ejecución. Podrán establecer, además de las determinaciones de carácter vinculante, normas directivas y criterios de tipo orientativo, señalando los objetivos a alcanzar. 2. Los Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos contendrán, como mínimo, las siguientes determinaciones de ordenación: a) División, en su caso, de su ámbito territorial en zonas distintas según sus exigencias de protección, distinguiendo los usos de acuerdo a lo previsto en el apartado cuatro. b) Establecimiento sobre cada uno de los ámbitos territoriales que resulten de la zonificación de la clase y categoría de suelo de entre las reguladas en el Título II de este Texto Refundido que resulten más adecuadas para los fines de protección. c) Regulación detallada y exhaustiva del régimen de usos e intervenciones sobre cada uno de los ámbitos resultantes de su ordenación. Asimismo, cuando procediera, habrán de regular las condiciones para la ejecución de los distintos actos que pudieran ser autorizables. 3. Los Planes Rectores de Uso y Gestión contendrán, además de las determinaciones de ordenación, aquéllas de gestión, desarrollo y actuación que sean adecuadas para alcanzar los objetivos que justifican la declaración del correspondiente Espacio Natural Protegido y, entre ellas, las que procedan de las siguientes: a) Normas, directrices y criterios para la organización de la gestión del Espacio Natural. b) Directrices y contenidos para la formulación de los programas específicos a desarrollar, por la Administración responsable de la gestión, para la protección y conservación, la investigación, la educación ambiental, el uso público y disfrute por los visitantes y el progreso socioeconómico de las poblaciones que viven en el Espacio Natural o en su zona de influencia. c) Relación de las ayudas técnicas y económicas a la población local afectada, destinadas a compensar las limitaciones derivadas de las medidas de protección y conservación. d) Delimitación de ámbitos y materias sobre los que, por su problemática específica, deban formularse programas que desarrollen la ordenación establecida por el Plan Rector, con señalamiento de los criterios que deben respetarse. e) Delimitación, en su caso, de áreas de gestión integrada. f) Previsión de las acciones necesarias para alcanzar los objetivos y, en su caso, programación y estudio financiero de las mismas. g) Señalamiento de los criterios o condiciones que permitan evaluar la conveniencia y oportunidad de la revisión del Plan. 4. Los Planes Rectores de Uso y Gestión podrán establecer zonas diferenciadas dentro del ámbito territorial del espacio protegido, de acuerdo con la siguiente zonificación: a) Zonas de exclusión o de acceso prohibido: constituidas por aquella superficie con mayor calidad biológica o que contenga en su interior los elementos bióticos o abióticos más frágiles, amenazados o representativos. El acceso será regulado atendiendo a los fines científicos o de conservación. b) Zonas de uso restringido: constituidas por aquella superficie con alta calidad biológica o elementos frágiles o representativos, en los que su conservación admita un reducido uso público, utilizando medios pedestres y sin que en ellas sean admisibles infraestructuras tecnológicas modernas. c) Zonas de uso moderado: constituidas por aquellas superficies que permitan la compatibilidad de su conservación con actividades educativo-ambientales y recreativas. d) Zonas de uso tradicional: constituidas por aquella superficie en donde se desarrollan usos agrarios y pesqueros tradicionales que sean compatibles con su conservación. e) Zonas de uso general: constituidas por aquella superficie que, por su menor calidad relativa dentro del Espacio Natural Protegido, o por admitir una afluencia mayor de visitantes, puedan servir para el emplazamiento de instalaciones, actividades y servicios que redunden en beneficio de las comunidades locales integradas o próximas al Espacio Natural. f) Zonas de uso especial: su finalidad es dar cabida a asentamientos rurales o urbanos preexistentes e instalaciones y equipamientos que estén previstos en el planeamiento territorial y urbanístico. 5. Todas las determinaciones de los Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos deben ser conformes con las que sobre su ámbito territorial establezcan las Directrices de Ordenación y el respectivo Plan Insular de Ordenación y, a su vez, prevalecerán sobre el resto de instrumentos de ordenación territorial y urbanística. A tales efectos, los planes territoriales y urbanísticos habrán de recoger las determinaciones que hubieran establecido los Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos, y desarrollarlas si así lo hubieran establecido éstos. 6. Los Planes Rectores de Uso y Gestión de Parques Rurales y los Planes Especiales de los Paisajes Protegidos podrán establecer algunas o todas las determinaciones siguientes de ordenación urbanística: a) Atribuir al suelo rústico clasificado por un instrumento de planeamiento general en vigor cualquiera de las categorías previstas para este tipo de suelo en el presente Texto Refundido. b) Reclasificar como suelo rústico, en la categoría que proceda según sus características, terrenos que tengan la clasificación de suelo urbano o urbanizable, cuando lo exija la ordenación y protección de los recursos naturales. c) En las zonas de uso general o especial, reclasificar como suelo urbano o asentamientos rurales o agrícolas, los terrenos clasificados o calificados de otra forma por un instrumento de planeamiento general en vigor, cuando las características de la urbanización y edificación existentes así lo exijan, y la conservación de los recursos naturales y de los valores ambientales presentes lo permitan. d) Igualmente en las zonas de uso general o especial, excepcionalmente, reclasificar como suelo urbanizable los terrenos clasificados en otro tipo de suelo por un instrumento de planeamiento general en vigor, cuando se consideren precisos para absorber los crecimientos previsibles de carácter residencial permanente, siempre que la conservación de los recursos naturales y los valores ambientales presentes lo permita. Los terrenos reclasificados comprenderán exclusivamente la superficie adecuada al asentamiento poblacional que haya de constituirse. 7. Los Planes Rectores de Uso y Gestión de Parques Naturales y los Planes Directores de Reservas Naturales, así como las Normas de Conservación, no podrán establecer en su ámbito otra clase de suelo que la de rústico. 8. En todo caso, en la formulación, interpretación y aplicación de los Planes y Normas las determinaciones de carácter ambiental prevalecerán sobre las estrictamente territoriales y urbanísticas contenidas en los mismos, debiendo éstas servir como instrumento para ultimar y completar los objetivos y criterios ambientales de la ordenación. 9. Reglamentariamente se desarrollará el contenido mínimo y requisitos documentales que deberán cumplir los Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos, así como las normas específicas de procedimiento, diferenciándolos en función de la categoría de Espacio Natural Protegido que ordenen. Dicho contenido se instrumentará, al menos, en una Memoria descriptiva que contendrá un estudio de los ecosistemas del Espacio Natural, y delimitará las distintas zonas, su régimen de protección y aprovechamiento de los recursos, si diera lugar, y concretará la normativa de aplicación en cada una de ellas. Junto a dicha Memoria se incorporará la base cartográfica necesaria y un estudio financiero de las actuaciones que se prevean.

Artículo 23. Planes Territoriales de Ordenación.

1. Son Planes Territoriales de Ordenación: a) Los Planes Territoriales Parciales. b) Los Planes Territoriales Especiales. 2. Los Planes Territoriales Parciales tendrán por objeto la ordenación integrada de partes concretas del territorio diferenciadas por sus características naturales o funcionales. Sólo podrán formularse en desarrollo de Planes Insulares de Ordenación, y podrán referirse a los siguientes ámbitos territoriales: a) Espacios litorales. b) Sistemas insulares, comarcales o supramunicipales para sectores o usos estratégicos o turísticos. c) Áreas metropolitanas y comarcas. d) Cualquier otro ámbito definido por el planeamiento insular. 3. Los Planes Territoriales Especiales, que podrán tener ámbito regional, insular o comarcal, tendrán por objeto la ordenación de las infraestructuras, los equipamientos y cualesquiera otras actuaciones o actividades de carácter económico y social, pudiendo desarrollar, entre otras, las siguientes determinaciones: a) Definir los equipamientos, dotaciones e infraestructuras de uso público y recreativo vinculados a los recursos naturales y espacios protegidos. b) Ordenar los aprovechamientos de los recursos naturales de carácter hidrológico, minero, extractivo u otros. 4. Los Planes Territoriales de Ordenación deberán ajustarse a las determinaciones de las Directrices de Ordenación y de los Planes Insulares de Ordenación vigentes al tiempo de su formulación. Los Planes Territoriales Especiales deberán ajustarse a las determinaciones de las Directrices de Ordenación y, en cuanto a la ordenación de los recursos naturales, a los Planes Insulares de Ordenación. Su contenido mínimo se determinará reglamentariamente en función de sus diferentes fines y objetivos. 5. Las determinaciones con incidencia territorial de los Planes Territoriales Especiales que no desarrollen Directrices de Ordenación ni Planes Insulares de Ordenación, tendrán el carácter de recomendaciones para los restantes instrumentos de planificación territorial y urbanística.

Artículo 24. Formulación y procedimiento.

1. Corresponde la formulación: a) A la Consejería competente en materia de medio ambiente, la de los Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos. b) A la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística, así como a los Cabildos Insulares, la de los Planes Territoriales Parciales. c) A la Administración competente por razón de la materia, la de los Planes Territoriales Especiales. 2. La tramitación del procedimiento, incluidos el sometimiento a información pública en la forma que se determine reglamentariamente y las aprobaciones previas a la definitiva, corresponderá a la Administración que haya formulado el Plan de que se trate. En cualquier caso, si las determinaciones del Plan afectasen a un Espacio Natural Protegido, requerirán informe de compatibilidad del órgano encargado de la gestión del mismo. 3. La aprobación definitiva de los Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos corresponderá a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. 4. La aprobación definitiva de los Planes Territoriales Especiales corresponderá: a) A los Cabildos Insulares, los que desarrollen determinaciones del Plan Insular de Ordenación. b) A la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, los de ámbito insular que desarrollen Directrices de Ordenación, así como los de ámbito inferior al insular que no desarrollen determinaciones del correspondiente Plan Insular de Ordenación. c) Al Consejo de Gobierno de la Comunidad, previo informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias y a propuesta del consejero competente por razón de la materia, todos los restantes. 5. La aprobación definitiva de los Planes Territoriales Parciales corresponderá a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.

Artículo 25. Proyectos de Actuación Territorial: objeto y requisitos.

1. Son Proyectos de Actuación Territorial los instrumentos de ordenación de carácter excepcional que, por razones de justificado interés general, legitimen las obras, construcciones e instalaciones precisas para la implantación en suelo rústico no clasificado como de protección ambiental, de dotaciones, de equipamiento, o de actividades industriales o turísticas que hayan de situarse necesariamente en suelo rústico o que por su naturaleza sean incompatibles con el suelo urbano y urbanizable y siempre que dicha implantación no estuviere específicamente prohibida por el planeamiento. 2. Reglamentariamente se establecerán las condiciones a que deban someterse los usos anteriores, los requisitos exigibles a las construcciones e instalaciones para permitir su implantación, así como las categorías de suelo rústico que se declaren incompatibles con cada tipo de ellas. 3. El planeamiento territorial y los Planes Generales podrán establecer condiciones para garantizar la adecuada inserción de los Proyectos de Actuación Territorial en sus respectivos modelos de ordenación; en particular, podrá incluir la prohibición de la aprobación de ese tipo de instrumentos en partes concretas del territorio que ordene. 4. Serán requisitos para la aprobación de los Proyectos de Actuación Territorial los siguientes: a) El estudio de sus previsibles repercusiones socioeconómicas, territoriales y ambientales, directas e indirectas. b) La declaración de su interés general que, en todo caso, deberá incluir la necesaria exigencia de su implantación en suelo rústico y su compatibilidad con los objetivos de política sectorial aplicables, así como establecer aquellas condiciones que se estimaren necesarias. c) La solución, de un modo satisfactorio y en su totalidad con cargo al promotor, del funcionamiento de las instalaciones previstas, mediante la realización de cuantas obras fueran precisas para la eficaz conexión de aquéllas con las correspondientes redes generales; asimismo, deberá, como mínimo, garantizarse el mantenimiento de la operatividad y calidad de servicio de las infraestructuras públicas preexistentes. d) La asunción del resto de compromisos, deberes y cesiones previstos por la legislación o el planeamiento o, en su caso, contraídos voluntariamente por el promotor y, en general, el pago del correspondiente canon. e) En su caso, la determinación justificada del plazo de vigencia de la Calificación Urbanística que legitime el Proyecto de Actuación Territorial. f) La prestación de garantía ante el Tesoro de la Comunidad Autónoma por un importe del diez por ciento del coste total de las obras a realizar para cubrir, en su caso, los gastos que puedan derivarse de incumplimientos o infracciones o de las labores de restauración de los terrenos. Este importe podrá ser elevado por el Consejo de Gobierno en casos singulares, según se determine reglamentariamente, hasta el 20 por 100 del mismo coste total.

Artículo 26. Proyectos de Actuación Territorial: procedimiento.

1. El procedimiento de aprobación de los Proyectos de Actuación Territorial se ajustará a las siguientes reglas: a) Iniciación a instancia de cualquier Administración o particular, incluyendo la documentación básica que se determine reglamentariamente y la acreditación suficiente de la titularidad de derechos subjetivos sobre el correspondiente terreno. b) Necesidad de declaración de interés general de la actividad de que se trate por el Consejo de Gobierno, a solicitud de la entidad pública promotora o, en el caso de los procedimientos promovidos por personas privadas, del Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados, previo informe de la Consejería competente por razón de la materia y de la responsable de la ordenación territorial y urbanística. Cuando se trate de actuaciones de carácter turístico, se requerirá, con carácter previo a la declaración, la comunicación al Parlamento de Canarias, para su debate conforme a las previsiones de su Reglamento. c) Preceptivamente deberán cumplirse de un modo simultáneo, con un plazo mínimo de un mes, los siguientes trámites: información pública y audiencia de los propietarios de suelo incluidos en el Proyecto y de los colindantes, e informe de los Ayuntamientos afectados, en su caso, y del Cabildo. Además, en los procedimientos promovidos por particulares para actividades cuya implantación y desarrollo no requieran concesión administrativa alguna, será necesario la convocatoria de concurso público para la consideración de posibles alternativas. d) Resolución definitiva por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias sobre procedencia de la estimación del Proyecto y, en su caso, selección del más idóneo de entre los alternativos presentados en competencia, con calificación simultánea de los terrenos afectados, que implicará la atribución al terreno correspondiente del aprovechamiento urbanístico que resulte del Proyecto. La resolución deberá producirse en el plazo máximo de cuatro meses desde la presentación de la solicitud o desde la subsanación de las deficiencias de la documentación aportada, pudiendo entenderse producido acto presunto desestimatorio por el mero transcurso de tal plazo sin haberse practicado notificación de resolución alguna. Su contenido deberá incluir pronunciamiento sobre los compromisos, deberes y cesiones, incluido el pago de canon, asumidos por el promotor a favor del Ayuntamiento y el carácter, ajustado o no a plazo, de la calificación urbanística de los terrenos y del aprovechamiento que de ella deriva. La resolución se comunicará al Registro de la Propiedad para la práctica de la anotación o inscripción que proceda. Dicha resolución definitiva incorporará, en su caso, la Declaración de Impacto Ecológico. 2. La aprobación de los Proyectos de Actuación Territorial legitimará la implantación de los correspondientes usos y actividades y la ejecución de las obras e instalaciones que sean precisas, sin perjuicio de la necesidad de la obtención de las autorizaciones sectoriales pertinentes y de licencia municipal. 3. La eficacia del Proyecto de Actuación Territorial y el derecho al aprovechamiento por él otorgado caducarán: a) Por el transcurso de un año, desde su otorgamiento, sin haberse solicitado en forma la preceptiva licencia municipal o autorización sectorial pertinente. b) Por el solo hecho del no comienzo o no terminación de las obras precisas para la ejecución dentro, respectivamente, de los dos y cuatro años siguientes al otorgamiento de la licencia o de los plazos inferiores que expresamente se hayan fijado en ésta. c) Por el transcurso del plazo señalado, en su caso. 4. Cuando el Proyecto, por su financiación, localización o actividad, esté sujeto a Evaluación de Impacto conforme establezca la legislación específica, deberá acompañarse a la documentación constitutiva del mismo el preceptivo estudio, que se tramitará en un único y común procedimiento, emitiéndose la declaración que proceda en el mismo acto de aprobación. Si el Proyecto se denegase, no se emitirá declaración de impacto alguna.

Artículo 27. Calificación Territorial.

1. La calificación territorial es el instrumento de ordenación que ultimará, para un concreto terreno y con vistas a un preciso proyecto de edificación o uso objetivo del suelo no prohibidos, el régimen urbanístico del suelo rústico definido por el planeamiento de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística aplicable, complementando la calificación del suelo por éste establecida. 2. El otorgamiento de la calificación territorial requiere solicitud de interesado, formalizada mediante documentación bastante, acreditativa de la identidad del promotor, la titularidad de derecho subjetivo suficiente sobre el terreno correspondiente, la justificación de la viabilidad y características del acto de aprovechamiento del suelo pretendido y, en su caso, de su impacto en el entorno, así como de la evaluación ecológica o ambiental y la descripción técnica suficiente de las obras e instalaciones a realizar. El procedimiento para su otorgamiento, que deberá articularse de forma que quede garantizada la cooperación de todas las competencias sectoriales, incluida la medioambiental, habrá de ajustarse en todo caso a las siguientes reglas: a) Fase inicial municipal, para informe por el Ayuntamiento en el plazo máximo de un mes, transcurrido el cual, sin efecto, podrá reproducirse la solicitud directamente ante el Cabildo Insular, entendiéndose evacuado el informe municipal, a todos los efectos, en sentido favorable. b) Fase de resolución por el Cabildo Insular, comprensiva simultáneamente de los actos de instrucción, de requerimiento de los informes sectoriales preceptivos y pertinentes y, en su caso, de información pública por plazo de un mes. c) El plazo máximo para resolver será de seis meses, si el expediente requiere información pública y en otro caso cuatro meses a partir de la entrada de la documentación en el registro del Cabildo Insular correspondiente, o desde la subsanación de las deficiencias de la aportada, si la Administración hubiera practicado requerimiento al efecto dentro de los quince días siguientes a su presentación. El transcurso del citado plazo máximo sin comunicación de resolución expresa alguna habilitará para entender desestimada la solicitud. 3. Cuando el proyecto presentado, por su financiación, localización o actividad, esté sujeto a Evaluación de Impacto, conforme establezca la legislación específica, el contenido de la previa Declaración de Impacto se integrará en la Calificación Territorial. 4. Son de aplicación a la calificación territorial las disposiciones contenidas en las letras c), d) y, en su caso, e) del número 4 del artículo 25. 5. La eficacia de la Calificación Territorial y el aprovechamiento por ella otorgado caducarán: a) Por el transcurso de un año, desde su otorgamiento, sin haberse solicitado en forma la preceptiva licencia municipal. b) Por el solo hecho del no comienzo o no terminación de las obras precisas para la ejecución dentro, respectivamente, de los dos y cuatro años siguientes al otorgamiento de la licencia o de los plazos inferiores que expresamente se hayan fijado en ésta. c) Por el transcurso del plazo señalado y, en su caso, de la prórroga que se haya concedido. 6. No será necesario el trámite previo de calificación territorial, en concordancia con el apartado 1 de este artículo, cuando el proyecto de edificación o uso objetivo del suelo se localice en un suelo rústico de asentamiento rural o agrícola a que se refiere el artículo 55 c) de esta Ley siempre que el planeamiento haya establecido para ellos la ordenación pormenorizada.

Artículo 28. Instrumentos de ordenación urbanística y su ejecución.

1. La ordenación urbanística se establecerá, en el marco de este Texto Refundido y de sus normas reglamentarias de desarrollo, así como, en su caso, de los planes de ordenación territorial, por los siguientes instrumentos: a) Las Normas y las Instrucciones Técnicas del Planeamiento Urbanístico. b) Los Planes urbanísticos y los Catálogos. c) Las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización. La ejecución material de los instrumentos de Ordenación Urbanística se llevará a cabo con arreglo a proyectos de urbanización o proyectos de ejecución de sistemas, salvo cuando basten al efecto proyectos de obra pública ordinarios. 2. El contenido sustantivo y documental y la ordenación del procedimiento de aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística se establecerá reglamentariamente en desarrollo de este Texto Refundido. En todo caso, el contenido deberá asegurar el cumplimiento de las exigencias de la legislación medioambiental, el procedimiento de aprobación garantizará el cumplimiento de los trámites establecidos por ésta y la aprobación implicará la o las declaraciones previstas por la misma. 3. En la formulación y tramitación de los instrumentos de planeamiento podrá acordarse la suspensión del otorgamiento de licencias urbanísticas y de la tramitación de los instrumentos de orden inferior, de acuerdo a lo previsto en el artículo 14.6.

Artículo 29. Normas Técnicas del Planeamiento Urbanístico.

1. Las Normas Técnicas del Planeamiento Urbanístico tendrán por objeto: a) La determinación de los requisitos mínimos de calidad, sustantivos y documentales, de los distintos instrumentos de planeamiento de ordenación urbanística, así como de las normas específicas que deban ser observadas por éstos en la ordenación del espacio litoral y el uso turístico. b) La precisión de los conceptos de consolidación por la urbanización y por la edificación y de perímetro urbano, y sus requisitos mínimos, a efectos de la clasificación de suelo urbano por el planeamiento. c) La definición de criterios con arreglo a los que el planeamiento de ordenación general habrá de determinar la dimensión, idoneidad y condiciones de contigüidad o extensión que deban cumplir los sectores de suelo urbanizable precisos para absorber los crecimientos previsibles de carácter residencial, turístico, industrial y terciario. d) La concreción y, en su caso, la elevación de los estándares mínimos de suelo para equipamientos y dotaciones. e) La definición de los elementos de la ordenación estructural del planeamiento de ordenación general, en defecto de su determinación por éste. f) La definición enunciativa o taxativa de los tipos y las condiciones de establecimientos susceptibles de ser implantados en suelo rústico mediante Proyectos de Actuación Territorial y particularmente de los industriales. g) La determinación de los criterios para la apreciación de la inadecuación objetiva de los terrenos para servir de soporte a aprovechamientos urbanos, por razones económicas, geotécnicas o morfológicas. 2. Estas Normas se aprobarán por Decreto del Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero competente en materia de ordenación territorial y urbanística y a iniciativa del consejero competente por razón de la materia, previo informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.

Artículo 30. Instrucciones Técnicas del Planeamiento Urbanístico.

1. Las Instrucciones Técnicas del Planeamiento Urbanístico tendrán por objeto la fijación de criterios orientativos sobre: a) Objetivos y prioridades de los instrumentos de planeamiento de ordenación urbanística. b) Soluciones-tipo para las cuestiones de más frecuente planteamiento en la formulación del planeamiento, conforme a la experiencia práctica. c) Modelos de regulación de las diferentes zonas de ordenación urbanística más usuales en la práctica urbanística, con determinación para cada una de ellas de los elementos tipológicos definitorios de las construcciones en función de su destino y uso característicos, pudiendo ser utilizados por simple remisión. d) Criterios y soluciones para el diseño y ejecución de obras de urbanización. 2. Estas Instrucciones vincularán a las Administraciones de la Comunidad Autónoma, de la Isla y del Municipio, que sólo podrán apartarse de ellas motivadamente. Corresponderá su aprobación al consejero competente en materia de ordenación territorial y urbanística, previo informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.

Artículo 31. Instrumentos de planeamiento urbanístico.

1. La ordenación urbanística en el ámbito municipal se establecerá y desarrollará mediante los siguientes instrumentos: a) Planes Generales de Ordenación. b) Planes de desarrollo: 1) Planes Parciales de Ordenación. 2) Planes Especiales de Ordenación. 3) Estudios de Detalle. 2. Los instrumentos de ordenación urbanística deberán ajustarse a las determinaciones de los instrumentos de ordenación de los recursos naturales y del territorio. Asimismo, los planes de desarrollo enunciados en el apartado anterior deberán ajustarse a las determinaciones de los Planes Generales. 3. Reglamentariamente se desarrollarán las determinaciones y el contenido documental de los instrumentos previstos en este artículo, estableciéndose los que estén sujetos a la previa redacción de avances de planeamiento.

Artículo 32. Planes Generales de Ordenación: objeto y contenido.

1. Los Planes Generales definirán, dentro del marco de la utilización racional de los recursos naturales establecido en las Directrices de Ordenación, los Planes Insulares y el resto del planeamiento de ordenación territorial, para la totalidad del correspondiente término municipal, la ordenación urbanística, organizando la gestión de su ejecución. 2. Los Planes Generales establecerán la ordenación estructural y la ordenación pormenorizada del municipio. A) Constituye la ordenación estructural el conjunto de determinaciones que define el modelo de ocupación y utilización del territorio en el ámbito de la totalidad de un término municipal, así como los elementos fundamentales de la organización y el funcionamiento urbano actual y su esquema de futuro. La ordenación urbanística estructural comprende específicamente las siguientes determinaciones: 1) El modelo de ocupación del territorio y desarrollo urbano. 2) La clasificación del suelo. 3) En el suelo rústico, su adscripción a la categoría que le corresponda y la determinación de los usos genéricos atribuibles a esa categoría. 4) En el suelo urbano y urbanizable, la adscripción a la categoría que corresponda. En suelo urbano no consolidado, la delimitación de los ámbitos para su desarrollo mediante Planes Parciales y Especiales de Ordenación. 5) En cualquier categoría de suelo, las medidas protectoras precisas de los bienes de dominio público situados en el municipio, de acuerdo a las previsiones de la legislación sectorial concerniente. 6) La regulación de las condiciones complementarias que deben servir de base para la aprobación de los Proyectos de Actuación Territorial, y que garanticen su armónica integración en el modelo de ordenación municipal elegido. 7) La definición de la red básica de reserva de los terrenos y construcciones destinados a las dotaciones públicas y equipamientos privados que constituyan los sistemas generales y garanticen la funcionalidad de los principales espacios colectivos con adecuada calidad. Se incluyen dentro de estos sistemas generales, al menos, los siguientes: a) El sistema general de espacios libres, parques y plazas públicas en proporción adecuada a las necesidades sociales actuales y a las previsibles para el futuro, con respeto de los mínimos establecidos en las pertinentes Normas Técnicas del Planeamiento Urbanístico, sin que en ningún caso pueda ser inferior a cinco metros cuadrados por habitante o plaza alojativa, e incluyendo como integrantes de este sistema los parques arqueológicos y etnográficos declarados como tales conforme a la Ley del Patrimonio Histórico de Canarias. b) Sistemas generales de equipamientos y servicios supramunicipales y, en particular, de redes de transportes, comunicaciones y servicios, con esquema indicativo de su trazado y funcionamiento. c) Sistemas generales de otras infraestructuras, dotaciones o equipamientos municipales que, por sus funciones, dimensiones o posición estratégica, deban formar parte de los elementos fundamentales de la organización urbana. d) Vías públicas y demás infraestructuras que comuniquen entre sí las dotaciones previstas en las letras precedentes para la integración de éstas en una red coherente. e) Se considera dotación pública, el suelo y construcciones destinado a actuaciones públicas de vivienda dedicadas a residencia en régimen de arrendamiento u otras formas de explotación justificadas por razones sociales, para atender las necesidades específicas de colectivos como personas mayores, personas discapacitadas, jóvenes e inmigrantes. 8) La adscripción de suelo urbano o urbanizable a la construcción de viviendas sometidas a regímenes de protección pública. Esta adscripción no podrá en ningún caso ser inferior al 20% del aprovechamiento del conjunto de los suelos urbanizables y urbanos no consolidados con destino residencial. Tampoco podrá destinarse más del 33% del aprovechamiento de un ámbito o sector a viviendas protegidas de autoconstrucción o de promoción pública en régimen de alquiler. B) Constituye la ordenación urbanística pormenorizada el conjunto de las determinaciones que, dentro del marco de las de carácter estructural, desarrollan aquéllas en términos suficientemente precisos, para permitir la legitimación de las actividades de ejecución, comprendiendo: 1) La ordenación completa y con el mismo grado de precisión exigible a un Plan Parcial de todo o parte del suelo urbano y del urbanizable ordenado. 2) La división del suelo urbano y urbanizable en ámbitos y sectores, determinando la normativa que sea de aplicación en cada uno de ellos y fijando para cada uno de los sectores de suelo urbanizable sectorizado el aprovechamiento urbanístico medio que le corresponda, que no podrá diferir entre los sectores incluidos en la misma área territorial en más del 15 por 100, no pudiendo delimitarse en cada término municipal más de tres áreas territoriales. 3) La organización de la gestión y la programación de la ejecución pública del Plan General. 4) La determinación, si procede, de reservas complementarias de equipamientos e infraestructuras que completen las previstas en los sistemas generales, sin adquirir esta calificación. 5) La delimitación, si procede, de unidades de actuación, así como de áreas de gestión integrada, precisando el carácter público o privado del sistema de ejecución según corresponda. 3. Sobre la base de los correspondientes avances, los Planes Generales se formularán y tramitarán por el respectivo Ayuntamiento, correspondiendo su aprobación definitiva a: a) El propio Ayuntamiento, previo informe favorable de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, cuando se trate de modificaciones limitadas a la ordenación pormenorizada. b) La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias en todos los restantes casos, previo informe del Cabildo Insular correspondiente respecto a su acomodación a las prescripciones del Plan Insular de Ordenación. Cuando este informe sea negativo, será tenido en cuenta por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente para requerir del Ayuntamiento la adaptación del Plan en trámite antes de ser aprobado.

Artículo 33. Plan Operativo del Plan General de Ordenación.

1. Los municipios con más de 10.000 habitantes o de igual número de plazas alojativas turísticas deberán formular el Plan General desglosando en un Plan Operativo la ordenación pormenorizada a que se refiere el apartado B) del número 2 del artículo anterior. Los restantes municipios que cumplan las condiciones y los requisitos de capacidad de gestión urbanística y económico-financiera que se fijen reglamentariamente, podrán optar por formular también su planeamiento general en los términos del párrafo anterior. 2. Los Ayuntamientos que formulen su Plan Operativo deberán actualizarlo al menos cada cuatro años. La actualización podrá limitar su contenido a la organización de la gestión y la programación de la ejecución pública. 3. Las actualizaciones del Plan Operativo se aprobarán por los Ayuntamientos por el procedimiento establecido para los Planes Parciales de Ordenación y no podrán alterar las determinaciones de ordenación estructural del Plan General.

Artículo 34. Límites de la potestad de planeamiento ejercida a través de Planes Generales de Ordenación.

Los Planes Generales no podrán: a) Reclasificar terrenos que, siendo rústicos, hayan sufrido un incendio forestal o un proceso irregular de parcelación urbanística, mientras no hayan transcurrido treinta y veinte años, respectivamente, desde que se hubieran producido tales hechos. Cualquier reclasificación de tales terrenos antes del cumplimiento de estos plazos deberá realizarse mediante Ley. b) Reclasificar suelo rústico que hubiera sido clasificado como de protección hidrológica o forestal, de conformidad con lo previsto en el artículo 55. c) Establecer, al ordenar suelo urbano consolidado por la urbanización, determinaciones que posibiliten o tengan como efecto el incremento de la edificabilidad media y de la densidad global permitidas por el planeamiento general anterior en zonas o áreas en las que existan más de 400 habitantes o 12.000 metros cuadrados de edificación residencial o turística alojativa por hectárea de superficie. d) Establecer modificaciones en las rasantes y alineaciones tradicionales en los Conjuntos Históricos de Canarias, declarados con base a la Ley del Patrimonio Histórico de Canarias, excepto cuando estas modificaciones se contemplen específicamente en los Planes Especiales de Protección por contribuir positivamente a conservar el carácter del conjunto. Tampoco podrán dictar normas sobre obligatoriedad de garajes en edificios de nueva planta o rehabilitados, instalaciones de servicios en fachadas u otras que pudieran alterar la calidad histórica del conjunto, debiendo en todo caso atenerse a las previsiones de los Planes Especiales de Protección correspondientes. e) Alterar los criterios generales establecidos en el correspondiente Plan Insular de Ordenación en el desarrollo de operaciones de rehabilitación de zonas o núcleos, en el caso que se hayan previsto específicamente en el mismo.

Artículo 35. Planes Parciales de Ordenación.

1. Los Planes Parciales de Ordenación tendrán por objeto el establecimiento, en desarrollo del Plan General, de la ordenación pormenorizada precisa para la ejecución, incluso de operaciones de reforma interior o renovación urbanas, en ámbitos de suelo urbano no consolidado y sectores de suelo urbanizable. 2. La ordenación pormenorizada comprenderá todas las determinaciones que sean precisas para posibilitar la ejecución del planeamiento, incluyendo las referidas al destino urbanístico preciso y la edificabilidad de los terrenos y construcciones, las características de las parcelas y las alineaciones y rasantes de éstas y las reservas de dotaciones y equipamientos complementarias de las integrantes de la ordenación estructural. 3. Los Planes Parciales de Ordenación podrán ser formulados por cualquier Administración o particular, correspondiendo su tramitación y aprobación a los Ayuntamientos, previo informe no vinculante de los Cabildos Insulares y de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.

Artículo 36. Reservas y estándares de ordenación en suelo urbanizable y suelo urbano no consolidado.

1. Los instrumentos de ordenación que tengan por objeto la ordenación pormenorizada de ámbitos completos en suelo urbano no consolidado por la urbanización y de sectores en suelo urbanizable, deberán observar las siguientes reglas sustantivas de ordenación: a) En suelo cuyo destino sea predominantemente residencial: 1) Una densidad máxima de 400 habitantes por hectárea, referida a la superficie total del ámbito objeto del Plan, que podrá elevarse hasta 500 habitantes por hectárea en los suelos urbanos de renovación y rehabilitación. 2) Una edificabilidad bruta máxima de 1,20 metros cuadrados edificados por cada metro cuadrado de suelo, referida a la superficie total del ámbito ordenado, que podrá elevarse hasta 1,50 metros cuadrados edificados por cada metro cuadrado de suelo en los suelos urbanos de renovación y rehabilitación. 3) Una reserva mínima de 40 metros cuadrados de suelo destinado a espacios libres públicos, dotaciones y equipamientos, por cada cien metros cuadrados de edificación; de esa reserva, al menos el 50 por 100 corresponderá a los espacios libres públicos. Reglamentariamente, en los ámbitos de suelo urbano no consolidado de escasa entidad que se determinen, podrá minorarse esta reserva, en atención a la dificultad o imposibilidad de la materialización de las operaciones de cesión. 4) Una previsión de al menos una plaza de aparcamiento fuera de la red viaria, por cada vivienda, según se establezca reglamentariamente. b) En el suelo turístico: una reserva mínima de 50 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados de edificación, destinada a espacios libres públicos, dotaciones y equipamientos, de los cuales al menos 30 metros cuadrados por cada 100 de edificación se destinarán a espacios libres públicos y como máximo siete metros cuadrados por cada 100 de edificación a dotaciones. c) En el suelo con destino industrial o dedicado a actividades del sector económico terciario: 1) Una reserva de suelo destinada a espacios libres públicos de al menos el 10 por 100 de la superficie total ordenada. 2) Una reserva de suelo con destino a dotaciones de al menos el uno por ciento de la superficie total ordenada. 3) Una reserva de suelo con destino a equipamientos de al menos el tres por ciento de la superficie total ordenada. 2. Las reservas de sistemas generales establecidas en el planeamiento general no serán computables para el cumplimiento de las prescritas en este artículo. 3. Reglamentariamente, y sin minoración de su superficie, se modularán las reservas de suelo establecidas en este artículo en función de las características de los ámbitos y sectores.

Artículo 37. Planes Especiales de Ordenación.

1. Los Planes Especiales de Ordenación desarrollarán o complementarán las determinaciones de los Planes Generales, ordenando elementos o aspectos específicos de un ámbito territorial determinado. 2. Los Planes Especiales de Ordenación pueden tener por objeto cualquiera de las siguientes finalidades: a) Conservar y mejorar el medio natural y el paisaje natural y urbano. b) Proteger y conservar el Patrimonio Histórico Canario. c) Definir las actuaciones en los núcleos o zonas turísticas a rehabilitar. d) Desarrollar los programas de viviendas y establecer la ordenación precisa para su ejecución. e) Ordenar los sistemas generales, cuando así lo determine el Plan General. f) Crear, ampliar o mejorar dotaciones y equipamientos. g) Organizar y asegurar el funcionamiento de las redes de abastecimiento de aguas, saneamiento, suministro de energía y otras análogas. h) Cualesquiera otras finalidades análogas que se prevean reglamentariamente. 3. Los Planes Especiales que se refieren a la ordenación y gestión de un área afectada por la declaración de un Conjunto Histórico según las previsiones de la Ley del Patrimonio Histórico de Canarias se regirán por su normativa específica y, adicionalmente, por lo que reglamentariamente se establezca. 4. Los Planes Especiales de Ordenación podrán, excepcionalmente y mediante resolución motivada, modificar alguna de las determinaciones pormenorizadas del Plan General, sin afectar a la ordenación estructural. 5. Regirán para la formulación, tramitación y aprobación de los Planes Especiales de Ordenación las mismas reglas establecidas para los Planes Parciales de Ordenación, con la salvedad de que los Planes Especiales de Protección de Conjuntos Históricos, Zonas Arqueológicas o Sitios Históricos se formularán por el Ayuntamiento y requerirán informe favorable del Cabildo Insular correspondiente, que se entenderá evacuado positivamente una vez transcurridos tres meses desde su solicitud.

Artículo 38. Estudios de Detalle.

1. Los Estudios de Detalle tendrán por objeto, en el marco de los Planes Generales y los Planes Parciales y Especiales de Ordenación, completar o reajustar, para manzanas o unidades urbanas equivalentes: a) Las alineaciones y las rasantes. b) Los volúmenes. 2. Los Estudios de Detalle en ningún caso podrán: a) Modificar el destino urbanístico del suelo. b) Incrementar el aprovechamiento urbanístico del suelo. c) Proponer la apertura de vías de uso público que no estén previstas en el plan que desarrollen o completen. d) Reducir las superficies destinadas a viales o espacios libres. e) Aumentar la ocupación del suelo, las alturas máximas edificables, la densidad poblacional o la intensidad de uso. f) Establecer nuevas ordenanzas. 3. Los Estudios de Detalle podrán ser formulados por cualquier Administración o particular. Su tramitación y aprobación corresponderá a los Ayuntamientos.

Artículo 39. Catálogos.

1. Los Ayuntamientos de Canarias deberán aprobar y mantener actualizado un catálogo municipal, en el que recojan aquellos bienes tales como monumentos, inmuebles o espacios de interés histórico, artístico, arquitectónico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, ecológico, científico o técnico que por sus características singulares o según la normativa del Patrimonio Histórico de Canarias deban ser objeto de preservación, estableciéndose el grado de protección que les corresponda y los tipos de intervención permitidos en cada supuesto. 2. Los catálogos podrán formularse: a) Con carácter general, como documentos integrantes de instrumentos de ordenación territorial y de Planes Generales o Parciales y Especiales de Ordenación que tengan entre sus fines o, en su caso, como único objeto, la conservación de los elementos señalados en el número anterior. b) Como instrumentos autónomos, cuando alguno de los instrumentos de planeamiento a que se refiere la letra anterior así lo prevea expresamente y remita a ellos. En este caso, regirán para su formulación las reglas del plan remitente y para su tramitación y aprobación las de los Planes Parciales de Ordenación. 3. En cada Cabildo Insular se llevará un Registro Público de carácter administrativo, en el que se inscribirán todos los bienes incluidos en los catálogos de los planes vigentes en la isla. La inscripción se efectuará de oficio una vez aprobados definitivamente los distintos planes o, en su caso, catálogos, ello sin perjuicio de la inclusión de los correspondientes inmuebles y espacios en el Registro de Bienes de Interés Cultural. 4. Los Cabildos Insulares anotarán en dicho Registro con carácter preventivo los bienes catalogables que sean objeto de protección por los planes o catálogos en tramitación, desde el momento de la aprobación inicial de éstos, y aquellos otros que sean objeto de las declaraciones reguladas por la legislación reguladora del patrimonio histórico y artístico y de los Espacios Naturales Protegidos, desde la incoación de los respectivos procedimientos.

Artículo 40. Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización.

1. Las Ordenanzas Municipales de Edificación tendrán por objeto la regulación de todos los aspectos morfológicos, incluidos los estéticos, y cuantas otras condiciones, no definitorias directamente de la edificabilidad y destino del suelo, sean exigibles para la autorización de los actos de construcción y edificación, incluidas las actividades susceptibles de autorización en los inmuebles.

Deberán ajustarse a las disposiciones relativas a la seguridad, salubridad, habitabilidad y calidad de las construcciones y edificaciones y ser compatibles con los instrumentos de planeamiento de ordenación urbanística y las medidas de protección del medio ambiente urbano y el patrimonio arquitectónico e histórico-artístico.

2. Las Ordenanzas Municipales de Urbanización tienen por objeto la regulación de todos los aspectos relativos a la proyección, ejecución material, recepción y mantenimiento de las obras y los servicios de urbanización. Incluirán igualmente los criterios morfológicos y estéticos que deban respetarse en los proyectos.

Deberán ajustarse a las disposiciones sectoriales reguladoras de los distintos servicios públicos y, en su caso, a las Normas e Instrucciones Técnicas del Planeamiento Urbanístico.

3. Los instrumentos de planeamiento urbanístico no podrán establecer determinaciones propias de las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización, remitiéndose a las mismas, de forma genérica o específica.

4. Las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización se aprobarán y modificarán de acuerdo con la legislación de régimen local. El acuerdo municipal de aprobación, acompañado del texto íntegro de las Ordenanzas, deberá comunicarse al Cabildo Insular correspondiente y a la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística, con carácter previo a su publicación.

Artículo 41. Proyectos de urbanización y de ejecución de sistemas.

1. Los proyectos de urbanización son proyectos de obras que tendrán por objeto la ejecución material de las determinaciones de los Planes Generales, Planes Parciales y, en su caso, Planes Especiales de Ordenación para el suelo urbano y el suelo urbanizable, en materia de infraestructuras, mobiliario, ajardinamiento y demás servicios urbanísticos.

2. Los proyectos de ejecución de sistemas son igualmente proyectos de obra, normalmente de edificación, que tienen por objeto la ejecución de los Sistemas Generales, desarrollando en tal sentido las determinaciones de los Planes Especiales que ordenan y definen aquéllos o las de los Planes Generales cuando éstos determinen expresamente, por las características de los sistemas generales afectados, su directa ejecución mediante proyecto.

3. Los proyectos a que se refieren los dos números anteriores:

a) No podrán contener determinaciones sobre ordenación ni régimen del suelo y de la edificación, debiendo cumplir las previsiones que para ellos establezcan los correspondientes instrumentos de planeamiento urbanístico y, en su caso, las Normas e Instrucciones Técnicas del Planeamiento Urbanístico y las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización.

b) Deberán detallar y programar las obras que comprendan con la precisión necesaria para que puedan ser ejecutadas por técnico distinto del autor del proyecto. Su documentación estará integrada por una memoria descriptiva de las características de las obras, plano de situación, planos de proyecto y de detalle, mediciones, cuadros de precios, presupuesto y pliego de condiciones de las obras.

c) Podrán ser formulados por cualquier persona pública o privada. Su tramitación y aprobación corresponderá al Ayuntamiento, siguiendo el procedimiento establecido para el otorgamiento de las licencias municipales de obras.

Artículo 56. Delimitación del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo.

La clasificación, categorización y, en su caso, la calificación urbanística del suelo vincularán los terrenos y las construcciones o edificaciones a los correspondientes destinos y usos y definirán su función social, delimitando el contenido del derecho de propiedad que recaiga sobre tales bienes.

Artículo 57. Ejercicio de derechos y deberes.

Las facultades urbanísticas del derecho de propiedad se ejercerán siempre dentro de los límites y con el previo cumplimiento de los deberes establecidos en este Texto Refundido o, en virtud de él, por el planeamiento con arreglo a la clasificación, categorización y, en su caso, calificación urbanística del suelo.

Artículo 58. Contenido urbanístico de la propiedad del suelo: derechos.

1. El contenido del derecho de propiedad del suelo y, en su caso, la edificación tiene siempre como límites las determinaciones ambientales para la protección del suelo, el agua, el aire, la flora y la fauna; y las medidas de protección de los Espacios Naturales Protegidos y del patrimonio histórico de Canarias y cualquier otro que se determine por ley.

2. Forma parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo el derecho a usar, disfrutar y disponer de los terrenos conforme a la clasificación, categorización y calificación de los mismos.

3. Es condición para el ejercicio de los derechos de la propiedad del suelo el previo cumplimiento de los deberes legales exigibles.

Artículo 59. Contenido urbanístico de la propiedad del suelo: deberes.

Formarán parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, sin perjuicio del régimen a que esté sujeto por razón de su clasificación y categorización, los siguientes deberes:

a) Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación y conservar las construcciones e instalaciones existentes, así como, en su caso, levantar las cargas impuestas por la ordenación urbanística para el legítimo ejercicio de la facultades y derechos previstos en este Texto Refundido.

b) Respetar los límites que deriven de la legislación aplicable en materia de unidad mínima de cultivo o por razón de la colindancia con bienes que tengan la condición de dominio público, en los que estén establecidos obras o servicios públicos o en cuyo vuelo o subsuelo existan recursos naturales sujetos a explotación regulada.

c) Cumplir lo preceptuado por los planes y programas sectoriales aprobados conforme a la legislación de aplicación.

d) Permitir la realización por la Administración pública competente de los trabajos que sean necesarios para realizar labores de control, conservación o restauración del medio y de prevención de la erosión, así como el deber de facilitar el acceso a los representantes de la Administración para desarrollar las funciones de conservación e inspección.

e) Conservar en buenas condiciones de salubridad y ornato las construcciones o instalaciones existentes para que cumplan siempre los requisitos mínimos exigibles para autorizar su uso, procediendo, en su caso, a la rehabilitación siempre que el importe de las obras a realizar no supere el 50 por 100 del coste de nueva construcción con similares características.

f) Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso, la licencia municipal con carácter previo a cualquier acto de transformación o uso del suelo, natural o construido, sin perjuicio de lo que se establezca en la legislación sectorial que resultare aplicable.

Artículo 60. Aprovechamiento urbanístico medio.

1. En los sectores de suelo urbanizable y en los ámbitos de suelo urbano, el planeamiento establecerá los aprovechamientos urbanísticos global y medio en función de los usos, intensidades, tipologías edificatorias y circunstancias urbanísticas de los terrenos que no estén destinados a viales, zonas verdes y demás dotaciones.

2. El Plan General establecerá un coeficiente que exprese el valor que atribuye a cada uso y tipología edificatoria en relación con los demás. También podrá establecer un coeficiente para cada sector o ámbito, en función de su situación dentro de la estructura territorial.

Los Planes Parciales fijarán la ponderación relativa de los usos y tipologías edificatorias resultantes de su ordenación detallada, así como la que refleje las diferencias de situación y características urbanísticas dentro del ámbito ordenado.

El coeficiente de homogeneización de cada área geográfica y funcional diferenciada se determinará por ponderación de los anteriores coeficientes, ajustando el resultado, si fuera preciso, con objeto de conseguir una más adecuada valoración relativa.

3. El aprovechamiento urbanístico de cada área diferenciada será el resultado de multiplicar la superficie de las parcelas lucrativas de la misma por la edificabilidad correspondiente, expresada en metros cuadrados edificables por cada metro cuadrado de suelo, y por el coeficiente de homogeneización, expresándose el resultado en unidades de aprovechamiento. El aprovechamiento urbanístico de un sector o ámbito será la suma de los aprovechamientos que correspondan a todas sus áreas diferenciadas.

La asignación de coeficientes a los distintos usos y tipologías edificatorias, sectores, ámbitos y áreas diferenciadas deberá ser razonada, exponiendo las motivaciones que han dado lugar a su determinación.

4. El aprovechamiento urbanístico medio de cada sector o ámbito se obtendrá dividiendo su aprovechamiento urbanístico por su superficie total, incluida la de los sistemas generales comprendidos o adscritos al mismo. El resultado se expresará en unidades de aprovechamiento por metro cuadrado.

5. Las Normas Técnicas del Planeamiento Urbanístico desarrollarán los criterios para el cálculo de los aprovechamientos y los coeficientes de homogeneización.

Artículo 61. Usos y obras provisionales.

En las categorías de suelo rústico señaladas en el artículo 63, apartados 1 c) y 4, en todo caso, y en el suelo urbano no consolidado y el urbanizable sectorizado mientras no se haya aprobado el correspondiente planeamiento de desarrollo, sólo podrán autorizarse, cuando no estén expresamente prohibidas por la legislación sectorial o el planeamiento, usos y obras de nueva implantación de carácter provisional y realizadas con materiales fácilmente desmontables.

El otorgamiento de licencias municipales conllevará el deber de demolición o desmantelamiento de las obras y restauración de los terrenos y de su entorno sin indemnización, a requerimiento del órgano urbanístico actuante.

La eficacia de las licencias quedará sujeta a la condición legal suspensiva de prestación de garantía por importe mínimo de los costes de demolición y de inscripción en el Registro de la Propiedad del carácter precario de las obras y usos.

Artículo 62. Derechos y deberes de los propietarios de suelo rústico.

1. En suelo rústico, el contenido del derecho de propiedad, comprenderá:

a) En todo caso, la realización de los actos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga que correspondan, conforme a su naturaleza y mediante el empleo de medios que no comporten la transformación de dicho destino, en los términos que se precisen reglamentariamente.

Los trabajos e instalaciones que se lleven a cabo en los terrenos estarán sujetos a los límites de la legislación civil y la administrativa aplicable por razón de la materia y deberán realizarse, además, de conformidad con la ordenación aplicable.

b) La realización de obras y construcciones y el ejercicio de usos y actividades que, excediendo lo previsto en el número anterior, se legitimen expresamente por la ordenación de acuerdo con las previsiones de la ley.

2. Sin perjuicio de otros deberes establecidos legalmente, los propietarios de suelo rústico tendrán los deberes de conservar y mantener el suelo y, en su caso, su masa vegetal, en las condiciones precisas para evitar riesgos de erosión o incendio o para la seguridad o salud públicas y daños o perjuicios a terceros o al interés general, incluidos los de carácter ambiental y estético; así como de usarlo y explotarlo de forma que se preserven en condiciones ecológicas y no se produzca contaminación indebida de la tierra, el agua y el aire, ni tengan lugar inmisiones ilegítimas en bienes de terceros.

3. Cuando la ordenación permita otorgar al suelo rústico aprovechamiento en edificación de naturaleza residencial, industrial, turística o de equipamiento, el propietario tendrá el derecho a materializarlo en las condiciones establecidas por dicha ordenación, previo cumplimiento de los deberes que ésta determine y, en todo caso, el pago de un canon cuya fijación y percepción corresponderá a los Municipios por cuantía mínima del cinco y máxima del diez por ciento del presupuesto total de las obras a ejecutar. Este canon podrá ser satisfecho mediante cesión de suelo en los casos en que así lo determine el Municipio.

4. Cuando el aprovechamiento edificatorio otorgado por la ordenación urbanística fuera por tiempo limitado, éste nunca podrá ser inferior al necesario para permitir la amortización de la inversión y tendrá carácter prorrogable.

5. Las condiciones que determinen los instrumentos de ordenación para materializar el aprovechamiento en edificación permitido en suelo rústico, deberán:

a) Asegurar la preservación del carácter rural del suelo y la no formación de asentamientos no previstos, así como la adopción de las medidas precisas para proteger el medio ambiente y mantener el nivel de calidad de las infraestructuras y los servicios públicos correspondientes.

b) Garantizar la restauración, a la finalización de la actividad, de las condiciones ambientales de los terrenos y de su entorno inmediato.

c) Asegurar la ejecución de la totalidad de los servicios que demanden las construcciones e instalaciones autorizadas en la forma que se determine reglamentariamente. En particular y hasta tanto se produce su conexión con las correspondientes redes generales, las viviendas y granjas, incluso las situadas en asentamientos, deberán disponer de depuradoras o fosas sépticas individuales, quedando prohibidos los pozos negros.

d) Asegurar la ejecución y mantenimiento de las actividades o usos que justifiquen la materialización del aprovechamiento en edificación y, en especial, la puesta en explotación agrícola y el funcionamiento de los equipamientos.

Artículo 63. Régimen específico de las distintas categorías de suelo rústico.

1. En el suelo rústico de protección ambiental, cuyas categorías vienen relacionadas en el apartado a) del artículo 55 de este Texto Refundido, se aplicará el siguiente régimen:

a) Con carácter general, sólo serán posibles los usos, actividades, construcciones e instalaciones que expresamente legitime el planeamiento y sean compatibles con el régimen de protección a que dicho suelo esté sometido.

b) En el suelo rústico de protección natural, paisajística y cultural, así como en el suelo rústico de protección del entorno de Espacios Naturales Protegidos y de itinerarios, sólo serán posibles con carácter general y sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación ambiental y otras normas sectoriales, los usos y las actividades que sean compatibles con la finalidad de protección y los necesarios para la conservación y, en su caso, el disfrute público de sus valores.

c) En el suelo rústico de protección del entorno de núcleos de población, así como el destinado por el planeamiento de ordenación a infraestructuras, sistemas generales o dotaciones en asentamientos rurales, sólo serán posibles usos y actividades, con sus correspondientes construcciones e instalaciones, de carácter provisional y realizadas con materiales fácilmente desmontables.

La eficacia de las licencias municipales correspondientes quedará sujeta a la condición legal suspensiva de prestación de garantía por importe mínimo de los costes de demolición o desmantelamiento, y de inscripción en el Registro de la Propiedad del carácter precario de las construcciones e instalaciones y de los usos y actividades. Asimismo, el otorgamiento de las anteriores licencias conllevará el deber de demolición o desmantelamiento y de restauración de los terrenos y de su entorno sin indemnización, a requerimiento del órgano urbanístico actuante.

2. En los suelos rústicos a que se refieren los apartados b) y c) del artículo 55 se aplicará el siguiente régimen:

a) Sólo podrán autorizarse las actividades que correspondan a su naturaleza y las construcciones e instalaciones que fueran precisas para el ejercicio de ese derecho, en los términos de este Texto Refundido y precisados en el planeamiento.

b) En los suelos clasificados como de protección de las infraestructuras será de aplicación lo previsto en el apartado c) del número anterior.

3. En los suelos previstos para los asentamientos rurales o agrícolas, se podrán realizar aquellos usos que expresamente contemple el planeamiento, el cual deberá asimismo definir los criterios dimensionales y, cuando esos asentamientos tengan carácter tradicional, deberá establecer las medidas precisas para mantener sus características singulares.

4. En el suelo rústico de protección territorial sólo serán posibles usos y actividades, con sus correspondientes construcciones e instalaciones, de carácter provisional y realizadas con materiales fácilmente desmontables.

5. En el suelo rústico incluido en Espacios Naturales Protegidos o en sus zonas periféricas de protección, el régimen de usos tolerados o permitidos será el especialmente establecido por sus instrumentos de ordenación, sin que en ellos puedan otorgarse autorizaciones, licencias o concesiones administrativas sin un informe emitido por el órgano al que corresponda su gestión, y que en caso de que fuera negativo tendrá carácter vinculante.

6. Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en los apartados anteriores de este artículo, en las diferentes categorías de suelo rústico protegido por razón de sus valores económicos o por existir en ellos formas tradicionales de poblamiento rural, establecidas en los apartados b) y c) del artículo 55 anterior, se podrá autorizar la ejecución de sistemas generales y de los proyectos de obras o servicios públicos a que se refiere el artículo 11.1 de la presente ley, sin que les sea aplicable lo establecido en la Sección 5ª del Capítulo II sobre proyectos y calificaciones territoriales.

Artículo 64. Concurrencia de regímenes.

En las fincas o, en su caso, unidades aptas para la edificación sujetas a varios regímenes urbanísticos se aplicará a cada parte el régimen que le asigne el planeamiento, pudiendo computarse la superficie total exclusivamente para la aplicación del régimen más restrictivo de los que les afecten. Con independencia de su concreta calificación, el planeamiento podrá permitir el cómputo conjunto de las superficies destinadas a usos compatibles entre sí, a los efectos de la autorización de construcciones o instalaciones vinculadas específicamente a dichos usos.

Artículo 65. Determinaciones de ordenación de directa aplicación y de carácter subsidiario.

1. Todo acto de aprovechamiento y uso del suelo rústico deberá respetar las siguientes reglas:

a) En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos históricos, típicos o tradicionales y en las inmediaciones de carreteras y caminos de carácter pintoresco, no se permitirá la construcción de cerramientos, edificaciones u otros elementos cuya situación o dimensiones limiten el campo visual o desfiguren sensiblemente las perspectivas de los espacios abiertos terrestres, marítimos, costeros o de los conjuntos históricos o tradicionales.

b) No podrá realizarse construcción alguna que presente características tipológicas o soluciones estéticas propias de las zonas urbanas y, en particular, las viviendas colectivas, los edificios integrados por salón en planta baja y vivienda en la alta, y los que presenten paredes medianeras vistas, salvo en los asentamientos rurales que admitan esta tipología.

c) Las construcciones o edificaciones deberán situarse en el lugar de la finca menos fértil o idóneo para el cultivo, salvo cuando provoquen un mayor efecto negativo ambiental o paisajístico.

d) No será posible la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas publicitarias o instalaciones de características similares, pudiendo autorizarse exclusivamente los carteles indicativos o informativos con las características que fije, en cada caso, la Administración competente.

e) Ninguna edificación podrá superar las dos plantas por cualquiera de sus fachadas.

f) Todas las construcciones deberán estar en armonía con las tradicionales en el medio rural canario y, en su caso, con los edificios de valor etnográfico o arquitectónico que existieran en su entorno cercano.

g) Las edificaciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente terminados, empleando las formas, materiales y colores que favorezcan una mejor integración en el entorno inmediato y en el paisaje.

2. En defecto de determinaciones expresas del planeamiento de ordenación, las construcciones y edificaciones deberán observar las siguientes reglas:

a) Ser adecuadas al uso y la explotación a los que se vinculen y guardar estricta proporción con las necesidades de los mismos.

b) Tener el carácter de aisladas.

c) Respetar un retranqueo máximo de cinco metros a linderos y diez metros al eje de caminos, así como un retranqueo mínimo de cinco metros respecto de este eje.

d) No exceder de una planta con carácter general ni de dos en los asentamientos rurales existentes, medidos en cada punto del terreno que ocupen.

e) No emplazarse en terrenos cuya pendiente natural supere el 50 por 100.

3. No podrá realizarse ni autorizarse en ninguna de las categorías de suelo rústico, además de los usos y actividades prohibidos por los instrumentos de ordenación, los actos que comporten riesgo para la integridad de cualquiera de los valores objeto de protección.

Artículo 66. Usos, actividades y construcciones autorizables.

1. En suelo rústico, los usos, actividades y construcciones permisibles serán los de carácter agrícola, ganadero, forestal, extractivo y de infraestructuras. Excepcionalmente podrán permitirse los usos industriales, residenciales, turísticos y de equipamiento y servicios que se integren en actuaciones de interés general.

2. En los usos, actividades y construcciones a que se refiere el número anterior, se entenderán siempre incluidos los de carácter accesorio o complementario que sean necesarios de acuerdo con la legislación sectorial que sea de aplicación.

3. Reglamentariamente se precisarán las condiciones urbanísticas de los diferentes usos y actividades, así como de sus construcciones e instalaciones, y se definirán los requisitos sustantivos y documentales que deberán cumplir, en cada caso, los proyectos técnicos y los estudios de impacto territorial exigibles para su viabilidad.

4. Los usos agrícola, ganadero y forestal, que se regularán, en su caso, por la legislación específica, comprenderán las actividades, construcciones e instalaciones necesarias para las explotaciones de tal carácter y deberán guardar proporción con su extensión y características, quedando vinculadas a dichas explotaciones.

5. El uso extractivo comprenderá las construcciones e instalaciones estrictamente indispensables para la investigación y obtención de recursos minerales o hidrológicos.

6. El uso de infraestructuras comprenderá las actividades, construcciones e instalaciones, de carácter temporal o permanente, necesarias para la ejecución y el mantenimiento de obras y la prestación de servicios relacionados con el transporte de vehículos, aguas, energía u otros, las telecomunicaciones, la depuración y potabilización, el tratamiento de residuos u otros análogos que se precisen reglamentariamente.

7. El uso residencial comprenderá las construcciones e instalaciones fijas, móviles o desmontables destinadas a vivienda unifamiliar, que deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Situarse en terrenos calificados como asentamientos rurales o agrícolas, salvo las excepciones que se establezcan reglamentariamente para posibilitar la adecuada vigilancia en los Espacios Naturales Protegidos o de instalaciones legitimadas mediante Proyectos de Actuación Territorial.

Cuando se trate de viviendas situadas en asentamientos agrícolas, estar directamente vinculadas a las correspondientes explotaciones agrícolas efectivas. Su primera ocupación sólo será posible previa acreditación de la puesta en explotación agrícola de los correspondientes terrenos o de la acreditación del mantenimiento de la actividad agraria de la finca.

b) Constituir la finca que les otorgue soporte, una unidad apta para la edificación, quedando en su integridad vinculada legalmente a la vivienda autorizada.

8. Además, con carácter general y en las condiciones determinadas reglamentariamente y precisadas por el planeamiento, serán posibles los siguientes actos:

a) La rehabilitación para su conservación, incluso con destino residencial, de edificios de valor etnográfico o arquitectónico, aun cuando se encontraran en situación de fuera de ordenación, pudiendo excepcionalmente incluir obras de ampliación indispensables para el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad. Requerirán la prestación de garantía por importe del 15 por 100 del coste total de las obras previstas.

b) La reconstrucción, mediante Proyecto de Actuación Territorial, de edificios en situación de fuera de ordenación que resulten afectados por una obra pública.

Artículo 67. Actuaciones de interés general.

1. Reglamentariamente se determinarán las dimensiones y demás características de las actuaciones de carácter dotacional de equipamientos y servicios, industrial y turístico susceptibles de poder ser objeto de un Proyecto de Actuación Territorial en suelo rústico. Las Normas Técnicas del Planeamiento Urbanístico podrán establecer una lista con carácter enunciativo o taxativo de los tipos de establecimientos comprendidos en este artículo.

2. Las actuaciones de carácter industrial podrán incluir, con los requisitos que se determinen reglamentariamente:

a) Los depósitos al aire libre de materiales, maquinaria y vehículos.

b) Las instalaciones industriales que requieran emplazarse alejadas de otros usos y construcciones por su singular peligrosidad o molestia o que con carácter imprescindible exijan su ubicación junto a una explotación minera o agrícola cuyos productos procesen.

3. Las actividades dotacionales, de equipamiento y de servicios comprenderán:

a) Las dotaciones y los equipamientos necesarios para la prestación de servicios de interés social, como las instalaciones para la defensa o seguridad pública y las culturales, docentes, científicas, asistenciales, religiosas, funerarias y similares.

b) Las instalaciones recreativas, deportivas o de equipamiento.

c) Las áreas de servicio de carreteras.

4. Las actividades turísticas comprenden los establecimientos turísticos con equipamiento complementario y los centros recreativos destinados a actividades de ocio o deportivas, que requieran su emplazamiento en el medio rústico. Estos establecimientos sólo podrán implantarse en el suelo rústico de protección territorial. El número de plazas alojativas incluidas en estos establecimientos deberá adecuarse a la capacidad de uso de las instalaciones que complemente.

5. Pueden ser objeto de Calificación Territorial, sin requerir un Proyecto de Actuación Territorial habilitante, siempre que estén previstos en el planeamiento y en los términos que éste establezca los siguientes usos:

a) Las instalaciones de uso y dominio públicos destinadas al desarrollo de actividades científicas, docentes y divulgativas relacionadas con los Espacios Naturales Protegidos, incluyendo el alojamiento temporal, cuando fuera preciso.

b) Los establecimientos comerciales y de servicios, de escasa dimensión, determinados reglamentariamente.

c) Las instalaciones de deporte al aire libre y acampada con edificaciones fijas, desmontables, permanentes o temporales, de escasa entidad, o sin ellas.

d) Los establecimientos de turismo rural que ocupen edificaciones tradicionales rurales rehabilitadas, dentro de los límites superficiales y de capacidad que determine la normativa sectorial pertinente.

Artículo 68. Derechos y deberes de los propietarios de suelo urbanizable.

El contenido del derecho de los propietarios de suelo urbanizable comprende:

a) Los derechos y deberes propios del suelo rústico de protección territorial, mientras no sea objeto de ordenación pormenorizada que legitime la actividad de ejecución.

b) Los demás derechos y deberes establecidos por este Texto Refundido según su categoría.

Artículo 69. Régimen jurídico del suelo urbanizable no sectorizado.

1. La clasificación de un suelo como urbanizable no sectorizado, por sí sola, no habilita para su urbanización, cuya legitimación requerirá la previa comprobación de su adecuación a los intereses de carácter supramunicipal afectados en cada caso. A tal fin, requerirá de informe favorable del Cabildo Insular correspondiente. La ejecución de la urbanización requerirá, además, del cumplimiento o realización de los siguientes trámites o actos:

a) Delimitación del sector y establecimiento de las determinaciones de ordenación estructural que permitan una incorporación coherente en el planeamiento vigente.

b) Desarrollo de la ordenación pormenorizada de la totalidad del sector.

c) Delimitación de las unidades de actuación pertinentes, fijando, en su caso, el sistema de ejecución de cada una de ellas.

d) Aquellos otros exigibles por los planes medioambientales, territoriales o urbanísticos.

2. Los propietarios de suelos urbanizables no sectorizados tendrán el derecho de consulta no vinculante sobre los siguientes extremos:

a) Condiciones exigibles para la sectorización de los terrenos de su propiedad.

b) Criterios y previsiones de los instrumentos de ordenación urbanística que resultaren aplicables.

c) Obras que, en su caso, hubieran de acometer a su costa para la conexión de la actuación que pretendan ejecutar con los sistemas generales.

d) Adecuación al planeamiento territorial vigente y en particular al insular.

e) Adecuación a la legislación sectorial vigente.

La consulta se deberá responder en el plazo de tres meses, cuyo transcurso permitirá entenderla evacuada en sentido negativo.

3. La categoría de suelo urbanizable diferido no habilita por sí sola la transformación mediante la urbanización, cuya legitimación requerirá ser acreditada por nueva apreciación de la sostenibilidad del desarrollo urbanístico municipal. La reclasificación de este suelo a urbanizable sectorizado para uso principal residencial, industrial o terciario no estratégicos:

a) Deberá producirse mediante modificación del planeamiento general, si ya estuviera aprobada la totalidad del planeamiento de desarrollo del suelo previamente clasificado como urbanizable sectorizado para los usos previstos en el suelo a clasificar, o revisión en los restantes casos.

b) Requerirá, asimismo, la tramitación simultánea del Plan Parcial, que establezca su ordenación pormenorizada.

Artículo 70. Régimen jurídico del suelo urbanizable no ordenado.

1. Los propietarios de terrenos clasificados como suelo urbanizable no ordenado, además de los derechos reconocidos con carácter general en el artículo 68 de este Texto Refundido, tendrán derecho a que por el órgano competente se determine su ordenación pormenorizada, pudiendo formular e instar a la tramitación y aprobación del pertinente Plan Parcial sobre el sector correspondiente, salvo cuando éste tenga asignado un sistema de ejecución pública. El ejercicio de este derecho se acomodará al procedimiento establecido en el artículo 103 del presente Texto Refundido.

2. Sólo podrán autorizarse en este tipo de suelo las obras siguientes:

a) Las que correspondan a sistemas generales.

b) Las de carácter provisional a que se refiere el artículo 61.

Artículo 71. Régimen jurídico del suelo urbanizable ordenado.

1. El establecimiento para el suelo urbanizable de su ordenación pormenorizada determina:

a) Ceder obligatoria y gratuitamente al ayuntamiento, en parcelas urbanizadas, como participación de la Comunidad en las plusvalías, la superficie de suelo precisa para materializar el 10 por 100 del aprovechamiento del sector.

b) La afectación legal de los terrenos al cumplimiento de la distribución justa de beneficios y cargas entre los propietarios y de los deberes enumerados en el artículo 59 y en el número 3 de este artículo, tal como resulten precisados por el planeamiento de ordenación urbanística y en los términos del sistema de ejecución que se fije.

c) La afectación legal de los terrenos obtenidos por el Ayuntamiento en virtud de cesión obligatoria y gratuita por cualquier concepto a los destinos previstos por el planeamiento.

d) La habilitación para el ejercicio de los derechos determinados en el artículo 58 y en el número 2 de este artículo.

Mientras no se concluyan las obras de urbanización previstas en el correspondiente proyecto de urbanización, no podrán realizarse en el suelo urbanizable ordenado otros actos edificatorios o de implantación de usos que las obras provisionales y las correspondientes a sistemas generales. Los Ayuntamientos, sin que se haya realizado previamente la recepción de las obras de urbanización o se haya garantizado su ejecución, no podrán otorgar licencias de edificación ni proceder a la liquidación o al cobro de tributos por este concepto.

2. Los propietarios de suelo urbanizable ordenado tendrán los siguientes derechos:

a) Derecho al aprovechamiento urbanístico resultante de la aplicación a la superficie de sus respectivas fincas originarias o iniciales del 90 por 100 del aprovechamiento urbanístico medio del sector.

b) Salvo que la Administración actuante haya optado por la ejecución pública, los derechos de:

1) Promover la transformación de los terrenos mediante la urbanización, en las condiciones establecidas en este Texto Refundido.

2) Participar, en la forma y condiciones determinados en este Texto Refundido, en la gestión de la actuación y la ejecución de la urbanización.

3) Percibir el correspondiente justiprecio en el caso de no participar en la ejecución de la urbanización, salvo cesión voluntaria de los terrenos.

3. Los propietarios de suelo urbanizable ordenado tendrán los siguientes deberes:

a) Ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento el suelo necesario, de acuerdo con la ordenación urbanística, para los viales, parques y jardines, zonas deportivas y de recreo y expansión públicos, dotaciones culturales y docentes y los precisos para la instalación y el funcionamiento de los restantes servicios públicos previstos.

b) Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los sistemas generales que el planeamiento general, en su caso, incluya o adscriba al sector correspondiente.

c) Ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento, en parcelas urbanizadas y en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías, la superficie de suelo precisa para la materialización del 10 por 100 del aprovechamiento del sector. Esta cesión podrá sustituirse por el abono en dinero al Ayuntamiento de una cantidad que, en ningún caso, será inferior al valor de mercado.

d) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento con anterioridad al inicio de la ejecución material del mismo.

e) Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso, la licencia municipal con carácter previo a cualquier acto de transformación o uso del suelo, natural o construido.

f) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización.

g) Costear y, en su caso, ejecutar la parte que proceda de las obras precisas para asegurar la conexión y la integridad de las redes generales de servicios y dotaciones.

h) Edificar los solares en el plazo establecido en el planeamiento urbanístico.

i) Usar la edificación en los términos establecidos en el planeamiento urbanístico o en la legislación específica.

j) Conservar y, en su caso, rehabilitar la edificación a fin de que ésta mantenga en todo momento las condiciones mínimas requeridas para el otorgamiento de autorización para su ocupación, siempre que el importe de las obras a realizar no supere el 50 por 100 del valor de una construcción de nueva planta, con similares características.

Artículo 72. Régimen jurídico del suelo urbano no consolidado.

1. Los propietarios de suelo urbano no consolidado tendrán, previo cumplimiento de los deberes legales exigibles, los siguientes derechos:

a) Derecho a la ejecución, en los términos precisados reglamentariamente, de las obras de urbanización en su caso precisas, salvo que deban realizarse directamente por la Administración actuante o la ejecución deba producirse en régimen de actuación urbanizadora. En este último caso, tendrán los derechos a que se refiere el artículo 71.2 b) de este Texto Refundido.

b) Derecho a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento con anterioridad al inicio de la ejecución material del mismo.

c) Derecho al aprovechamiento urbanístico resultante de la aplicación, a la superficie de sus respectivas fincas originarias o iniciales, del 90 por 100 del aprovechamiento urbanístico medio del ámbito correspondiente.

d) Derecho a edificar, materializando el aprovechamiento urbanístico que corresponda al suelo, de acuerdo con los instrumentos de gestión de la correspondiente unidad de actuación.

e) Derecho a destinar la edificación realizada a los usos autorizados por la ordenación urbanística, desarrollando en ella las correspondientes actividades.

2. Los propietarios de suelo urbano no consolidado tendrán los siguientes deberes: a) Ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento el suelo necesario, de acuerdo con la ordenación urbanística, para los viales, parques y jardines, zonas deportivas y de recreo y expansión públicos, dotaciones culturales y docentes y los precisos para la instalación y el funcionamiento de los restantes servicios públicos previstos.

b) Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los sistemas generales que el planeamiento general, en su caso, incluya en el ámbito correspondiente.

c) Ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento, en parcelas urbanizadas, y en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías, la superficie de suelo precisa para la materialización del 10 por 100 del aprovechamiento urbanístico del ámbito correspondiente. En los supuestos previstos en este Texto Refundido, esta cesión podrá sustituirse por el abono en dinero al Ayuntamiento de una cantidad que, en ningún caso, será inferior al valor de mercado.

d) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento con anterioridad al inicio de la ejecución material del mismo.

e) Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso, la licencia municipal con carácter previo a cualquier acto de transformación o uso del suelo, natural o construido.

f) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización.

g) Edificar en las condiciones fijadas por la ordenación urbanística, una vez el suelo tenga la condición de solar o, en su caso, con carácter simultáneo a las obras de urbanización aún pendientes.

h) Usar la edificación en los términos establecidos en el planeamiento urbanístico o en la legislación específica.

Reglamentariamente podrán graduarse los deberes de los propietarios de suelo urbano no consolidado por la urbanización, cuando las características y la escasa entidad del ámbito en el que estén incluidos sus terrenos dificulten o impidan la materialización de las operaciones de cesión y equidistribución.

3. El desarrollo de la actividad de ejecución requerir�