Valoraciones iniciales del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, en relación con 'la lucha contra la piratería'

Valoración general:

Las medidas antipiratería incorporadas en el Anteproyecto suponen la constatación de la persecución de una determinada tecnología, en pro de un negocio oligopolístico (el de los grandes editores y distribuidores de contenidos digitales) en un mercado cada vez más concentrado, desincentivando la producción cultural, y olvidando los deberes para con un colectivo cada vez más numeroso de autores (los que publican sus obras bajo licencias libres, sin amparo de las entidades de gestión como SGAE). Es una apuesta por un modelo donde imperen los DRM y se restrinja la distribución lícita de obras por otros sistemas, que la ley pretende controlar. Es un ataque frontal a la industria del software libre (tan alabada desde el Gobierno ante el reto de la Administración electrónica), a la que también se amenaza con una estandarización entregada totalmente a manos privadas, una apuesta por un viejo modelo económico, injusto, ineficiente, y ologopolístico (pese a que ese es el enemigo a batir según los propios principios del Anteproyecto), dentro del traje de un modelo nuevo, más justo y eficiente, propio de la economía real. Medidas, en definitiva, incongruentes con el cuerpo normativo que las contiene, y que arrastran la ausencia democrática que las parió.

La economía insostenible

Hace tiempo que los viejos intereses de los editores se enfrentan a los de los autores como consecuencia de la evolución tecnológica. No es que no puedan coincidir puntualmente ambos intereses, sino que existen nuevos modelos que afectan a un gran número de creadores, que pueden ahora contactar con su público directamente, sin necesidad de editores, productores ni distribuidores. Así ocurre en el grueso de las publicaciones jurídicas, o con la mayoría de las creaciones musicales. En uno y otro caso, el dejar beneficio a los innecesarios editores es algo que perjudica al autor, limita el conocimiento que la sociedad puede tener de su obra, y por ende, los beneficios económicos que pueden obtener de asistencias jurídicas los unos, o de conciertos los otros. O, sin optar a un modelo de libre distribución, pueden también los autores vender directamente la descarga de su música.

Las medidas de supuesta lucha contra la piratería, incluidas parece de rondón, forzadas, en una Disposición Final (la primera), parecen contrarias al espíritu del Anteproyecto de Ley, según lo que proclama su artículo 3, que para la mejora de la competitividad aplica la siguiente receta: impulsar un marco regulatorio que favorezca la eficiencia en los mercados de bienes y servicios, facilite la asignación de los recursos productivos y la mejora de la productividad, en particular a través de la formación, la innovación y el uso de nuevas tecnologías, e incremente la capacidad para competir en los mercados internacionales. Soy de la opinión que precisamente las medidas adoptadas desincentivan la creación y la competencia en estos mercados, y como del mercado cultural estamos hablando, empobrecen la situación de la cultura, funcionando como freno a la creación intelectual (salvo que entendamos por ello las que vengan bendecidas por las -casi siempre grandes y cada vez más concentradas- productoras). La mayoría de los autores cobran miserias del actual sistema de gestión de derechos, por lo que prefieren potenciar otras vías de negocio alternativo, en la que utilizan sus obras como promoción de sus servicios.

Las medidas ahora analizadas, crea mercados ineficientes, limitando la competitividad, y lucha directamente contra una tecnología (el P2P, como acredita entre otros muchos este artículo), en lugar de promover su uso lícito. Es, claramente, lo contrario de lo que los declarados principios del artículo 3 del propio Anteproyecto dice que debe hacerse. Son reglas más propias de una ley de conservación de la economía insostenible en que nos hayamos, del caduco viejo modelo de la exclusividad de los editores, que de una ley que se auto denomine "de economía sostenible”. Cultura no ha sabido escuchar y atender las razones de ese gran colectivo, que aglutina a autores, a internautas, a particulares defensores del software libre, y a las empresas, cada vez más numerosas y organizadas, que desarrollan tecnología basada en modelos libres, y que también ven en el monopolio tecnológico una amenazante desigualdad que perjudica a su industria.

Deberes incumplidos

No es posible creer en  que, más allá de cándidas afirmaciones bienintencionadas, se esté haciendo una política cultural de defensa  de los creadores. En absoluto. Ya en el 2007 redacté a solicitud de mi cliente, Jonás García (superstereomusic.com) un escrito ejercitando el derecho de petición para que el Ministerio de Cultura actuara en defensa de autores como él. El problema era que, siendo miembro como era de SGAE, para autoeditar su propio disco (en el que era compositor, músico ejecutante, y productor) le hacían firmar un contrato de autoproducción por el que quedaba “a deber” a la SGAE para pagarse a si mismo por los distintos conceptos. Dado el opaco y aparentemente injusto sistema de distribución de ingresos de SGAE, si no vendes, terminas pagando por tu disco para que dichos ingresos se repartan entre otros autores más vendidos. Costó vencer las trabas jurídicas para salir de la asociación y permitir que el autor pudiera disponer libremente de su obra, que había entregado a SGAE sin saberlo, pero finalmente pudo editar su disco, y colgar su música en la red bajo una licencia libre. El problema, que es lo que se pretendía resolver con el derecho de petición, era que los organizadores de festivales, o los gestores de salas de fiestas, te exigen rellenar la ficha de SGAE, por miedo a sanciones, aunque no seas miembro de ésta, con lo que el cobro de los derechos se dificulta a estos autores 'libres'.

El Gobierno tenía obligación de desarrollar la Disposición Adicional Tercera de la Ley 23/2006, de 7 de julio, que modificó (mediante enmienda del PSOE) el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. La referida Disposición mandata al Gobierno a favorecer espacios de utilidad pública con obras que se hallen en el dominio público”.

Disposición adicional tercera. Fomento de la difusión de obras digitales.

El Gobierno favorecerá la creación de espacios de utilidad pública y para todos, que contendrán obras que se hallen en dominio público en formato digital y aquellas otras que sean de titularidad pública susceptibles de ser incorporadas en dicho régimen, prestando particular atención a la diversidad cultural española. Estos espacios serán preferentemente de acceso gratuito y de libre acceso por sistemas telemáticos, mediante estándares de libre uso y universalmente disponibles.

Asimismo, a estos espacios podrán incorporarse las obras cuyos autores así lo manifiesten expresamente.

Ello, entendíamos y entiendo, es base suficiente para actuar y regular las descargas libres legales, y dar un marco satisfactorio a un nuevo e imparable modelo económico, permitiendo las descargas legales como paso previo para impedir las ilegales. Eso era lo que pedíamos, y con eso se solucionaba el problema de muchos autores, pero lejos de ello el Gobierno se está alineando con el caduco modelo de los grandes, y no atiende la voz de un gran número de pequeños tal vez, pero autores al fin y al cabo, que enriquecen nuestro panorama cultural e intelectual.

Sólo cuando el Gobierno promueva el intercambio de obras libres, será creíble que pretenda limitar los intercambios ilícitos, porque hoy por hoy sólo se ve que defiende a un sector de la industria. Hoy por hoy los nuevos modelos siguen jurídicamente discriminados frente a los viejos, y la tecnología sigue perseguida, incluso con la Ley penal, por mero desconocimiento y temor, por la ignorancia y estrechez de miras de los que mandan, o por su falta de espíritu crítico frente a las afirmaciones de los poderosos lobbies.

Una sencilla solución

De entre los que se han levantado contra la ley estoy seguro de que muchos lo están también contra el modelo de entidades de gestión. Considero sin embargo que es el único modelo plausible y posible. Es la única forma de defender a los autores en cualquier parte del mundo. Eso sí, como quiera que los intereses de autores y editores cada vez van menos de la mano (sin perjuicio de conocidos y fructíferos matrimonios) considero que las aguas volverían a su cauce si se prohibiera la existencia de entidades de gestión que defendieran los intereses de autores y editores al mismo tiempo. Eso sí sería una medida coherente con los principios del artículo 3 del Anteproyecto de Ley.

Análisis detallado

La referida Disposición Final Primera modifica la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (más conocida como LSSI) y la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), diciendo que se hace para "proteger la propiedad intelectual frente a la piratería en internet". Veamos cuáles son estas medidas: